Diputados aprobó el proyecto que reforma la ley de barrios populares
La iniciativa prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos que vencen el próximo 15 de octubre y recibió un amplio apoyo en el recinto.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por una amplia mayoría y giró al Senado, en una sesión especial, el proyecto que reforma la ley de integración socio urbana de barrios populares, aprobada en 2018, y prorroga por diez años la suspensión de los desalojos que vencen el próximo 15 de octubre.
El plenario legislativo aprobó por 227 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, mientras hubo dos votos negativos de Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad.
Las tres abstenciones correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-JXC).
El proyecto sancionado forma parte de un paquete de iniciativas consensuadas que incluye un dictamen sobre tecnología y la expropiación del edificio donde funcionó el bailable Cromañón, en el que en 2004 ocurrió una tragedia en la que murieron 194 personas.
Acerca del proyecto
Respecto a los barrios populares, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos.
A través del proyecto también se promueve fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
El proyecto de ley busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).
Asimismo, la iniciativa apunta a declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.
Fuente: Télam
Noticia relacionada
Te puede interesar
El jefe de Gabinete y el ministro del Interior se reunieron con la cúpula de la CGT
El encuentro se prolongó por espacio de dos horas y media. A partir de un documento distribuido por la central horas previas, se infiere que los gremios se mostraron dispuestos a discutir un "régimen laboral moderno", aunque dejando sentado que no aceptarán resignar "derechos conquistados".
Los gobernadores Llaryora, Pullaro y Frigerio anticiparon su apoyo a la Ley Bases
Los mandatarios participaron del Encuentro con Autoridades y Referentes de la Sociedad Civil de la Región Centro celebrado en Santa Fe, donde el tema central fue “Un modelo de desarrollo desde el interior productivo”. Estuvo presente el ministro del Interior, Guillermo Francos.
Reclaman explicaciones a Mondino por la ampliación británica sobre la zona marítima de Malvinas
El diputado Eduardo Toniolli (UxP) presentó un proyecto de resolución para que la Canciller brinde explicaciones por "la inacción de su cartera", luego de que el Reino Unido decidiera ampliar la zona de prohibición de pesca alrededor de las Islas Malvinas.
El Gobierno suspendió a 9.000 cooperativas y peligra la continuidad de otras 7.000
Desde la Federación de Trabajadores de la Economía Social afirmaron que con estas medidas el Gobierno nacional busca “profundizar la estigmatización, la persecución y criminalización como modo de quebrar toda resistencia popular”.
Requisa al estilo Bukele contra presos del narcotráfico en Santa Fe: “Cada vez la van a pasar peor”
“Tenemos un plan de Seguridad y sabemos cómo llevarlo adelante", indicó el Gobierno de Santa Fe tras una requisa en cuatro pabellones penitenciarios. Las imágenes difundidas recuerdan a las cárceles de El Salvador, donde se lleva adelante una fuerte política de control.
La Justicia responsabilizó a Irán y Hezbollah por los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal declaró, además, que ambos episodios deben ser considerados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales.