Comunidad Pluma Blanca: “Que nos escuchen como a cualquier ciudadano”

La orden de desalojo contra la comunidad provino de los Tribunales de Jesús María. La familia López, de la comunidad comechingona Pluma Blanca, recibió la intimación judicial, lo que movilizó a sus miembros, hermanos y hermanas, para retomar el reclamo contra el despojo de sus tierras. 
 
Desde hace años, las comunidades indígenas que habitan Córdoba, denuncian el avasallamiento sobre sus derechos y sobre los territorios que habitan.
 
Estas personas habitan las tierras históricamente, por eso, en la mañana de este viernes una concentración le exigió al Poder Judicial que frene esa medida que busca despojarlas de su hogar, violando leyes nacionales e internacionales. 

La palabra desde la comunidad

En este contexto, Carlos López, de la comunidad Pluma Blanca, habló frente a los Tribunales: “Esta es una medida pasiva, para que se escuche nuestro reclamo (...) Hay una orden de desalojo que estamos tratando de frenar, porque no se han cumplido las leyes que protegen a las comunidades, no han respetado nuestro derecho de ser notificados a tiempo”. Y completó: “Esperemos que nos escuchen como a cualquier otro ciudadano”. 

 
Un reclamo urgente: Audiencia Pública con los protagonistas 
 
La abogada Natalia Bilbao Carmona, quien defiende a la familia López, comentó que se presentó un documento ante el tribunal. Se solicitó ingresar para plantear las inquietudes por la orden desalojo, pero el juez a cargo de la causa estaba de licencia. 

A la comunidad la recibió el personal administrativo, un juez y un secretario que no forman parte de la causa de Pluma Blanca, pero son autoridades jurisdiccionales; y por la Secretaría del Tribunal, donde sí está la causa, la funcionaria Patricia Trabuco. 

“Cada parte planteó las inquietudes de este caso, que como dijimos al inicio y como sostenemos, no sólo involucra a una familia y una comunidad sino también tiene una implicancia social en relación a las comunidades indígenas de nuestra provincia y del país”, dijo Bilbao Carmona. 
 
¿Qué se solicitó en el documento?

En la presentación se reclamó una Audiencia Pública, en virtud de la preocupación por el inminente desalojo del territorio que ancestralmente ocupa la comunidad Pluma Blanca. 

Y se exigió la suspensión inmediata de la ejecución de la orden de desalojo, enumerándose las normativas que se están violando: a) Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina en el 2000, con rango institucional; la ley 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, que suspende por el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras; b) la Ley Nacional de Protección al Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico 25.743; c) la ley Provincial 5543, teniendo en cuenta que se halla en trámite el pedido de restitución de los restos mortales de aborígenes y declaración de sitio sagrado. 

“Quedó plasmado el pedido de audiencia para poder convocar a los sectores de trascendencia socio política en el espacio y conversar con el juez, para que se ordene la suspensión del desalojo y así garantizar la seguridad de la familia, de la comunidad y la paz social”, concluyó la letrada. 
 
Apoyos de organizaciones y equipos universitarios 

Datos a tener en cuenta: Para apoyar el reclamo, se hicieron presentes miembros de otras comunidades indígenas de Córdoba, la Mesa Provincial de Derechos Humanos, asambleas ambientales; docentes del ICA, equipos técnicos de las Facultades de Filosofía y Humanidades y Ciencias Sociales de la UNC y medios de comunicación. 

 
Se incumplen leyes, se invisibilizan cosmovisiones
 
La Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC viene acompañando desde hace tiempo el reclamo de varias comunidades, entre ellas la de Pluma Blanca. En relación a los intentos de desalojo del año pasado y la conferencia pública que se hizo en territorio, decidieron anexar al documento que presentó la abogada un informe de doble características: arqueológico y antropológico. 

“En el arqueológico marcamos todos los estudios previos que hay en la zona en relación al patrimonio indígena o lo que se conoce desde la academia como sitios arqueológicos, pero que las comunidades se lo apropian como sitios ceremoniales o de prácticas ancestrales; en el antropológico lo que adjuntamos es una mirada y una explicación en relación a la continuación histórica de las comunidades indígenas de Córdoba, invisibilizadas por el Estado provincial”, explicó el José María Bompadre, docente la la FFyH de la UNC. 

El informe lo que viene hacer es poner en diálogo otros saberes académicos, y darle a la Justicia elementos para que no solo frene el desalojo en cumplimiento de la ley, sino que se consideren otras cosmovisiones.

“Es necesario pensar en los sitios arqueológicos no sólo como algo del pasado e inerte, que hay que proteger, también se debe contemplar el uso y la apropiación que hacen las comunidades de esos espacios que habitan, donde pueden realizarse plenamente en el plano espiritual”, subrayó Bompadre.

Y todo apuntando a las autoridades, para que convoquen a investigadores e investigadoras y a miembros de las zonas en conflicto, que podrán explicar esas otras cosmologías de las comunidades indígenas -preexistentes al Estado- que se encuentran en el territorio de Córdoba. 
  
(*) El Resaltador para Prensa Comunitaria Córdoba (El Resaltador, La Nueva Mañana, Enfant Terrible, La Garganta Poderosa)

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