Al cumplirse un mes exacto de su inicio, se reanudará el jueves en Resistencia el histórico juicio oral por la verdad sobre la Masacre de Napalpí, con la presentación de los alegatos de la fiscalía federal y de las querellas que representan a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, y al Instituto del Aborigen Chaqueño.

Luego de dos audiencias realizadas en el predio de la ex Esma, en el Centro Cultural Haroldo Conti en la ciudad de Buenos Aires, la semana pasada, en esta oportunidad el juicio se trasladará -desde las 8 del jueves- al salón de convenciones Gala, en Ruta Nacional N° 11, Km 1003 de la capital chaqueña.

Se conoce como “Masacre de Napalpí” al ataque contra un grupo de trabajadores del algodón pertenecientes a las etnias aborígenes Moqoit, Qom, Shinpi y algunos criollos correntinos y santiagueños residentes en la zona, mientras realizaban una huelga pacífica en la reducción de Napalpí, a 120 kilómetros de Resistencia, en las cercanías de El Aguará –hoy Colonia Aborigen.

Las víctimas reclamaban por las pésimas condiciones de vida, con salarios de hambre, y la prohibición de trasladarse a otras jurisdicciones, o aún de cazar en el monte.

La respuesta a la protesta fue la represión a tiros y degüello de heridos, con persecución de sobrevivientes y el terror que intentó callar lo ocurrido durante años. Se calcula un aproximado de 400 víctimas producto de una balacera que duró casi una hora, en la cual policías, gendarmes y colonos dispararon más de 5 mil balas sobre la población desarmada.

Los responsables políticos de la Masacre de Napalpí fueron el gobernador del territorio, Fernando Centeno; el comisario de Resistencia Roberto Sáenz Loza y quien en la ocasión actuaba como su lugarteniente, el comisario de Quitilipi José B. Machado.

El presidente del “Aero Club Chaco” Dr. Agustín Cabal (h) facilitó el avión utilizado en el ataque. Al momento de los hechos, Marcelo Torcuato de Alvear era presidente de la Nación.

Busca la reparación a familiares de víctimas y sobrevivientes

Este primer proceso por crímenes de lesa humanidad contra comunidades originarias en nuestro país es un "juicio por la verdad" ya que no tendrá imputados -los responsables de esa masacre de 1924 están fallecidos- y tiene como objetivo la reparación a familiares de las víctimas y a sobrevivientes.

El proceso tiene como antecedente directo los juicios por crímenes de lesa humanidad realizados en los años noventa en la investigación del destino final de víctimas de desaparición forzada por parte del terrorismo de Estado, cuando no podía avanzarse en la sanción penal de los crímenes a causa del “cerrojo judicial” que implicaban las leyes de obediencia debida, de punto final, y los indultos a cúpulas militares.

La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, representada por Duilio Ramírez, se constituyó como una de las querellas, acompañada por el Instituto del Aborigen Chaqueño, representado por Ismael Núñez, en tanto que la acusación del Ministerio Público Fiscal es cursada por la Unidad Federal de Derechos Humanos, integrada por los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay.

En 2014 la Unidad Fiscal de DD.HH. inició una investigación sobre la Masacre de Napalpí y en 2021 se presentó un pedido formal ante el Juzgado Federal 1 para la realización de este juicio.

La jueza Zunilda Niremperger resolvió catalogar los crímenes como de lesa humanidad y por ello imprescriptibles y ordenó la realización del proceso.

En julio de 2021 la zona donde ocurrieron los crímenes fue señalizada por la Secretaría de DDHH como sitio histórico. En 2008 el 16 de enero, el gobernador Jorge Capitanich encabezó un pedido formal de perdón a los pueblos originarios por la Masacre, en el marco del cumpleaños 107 de Melitona Enrique, una de las sobrevivientes.

La etapa oral del juicio comenzó el pasado 19 de abril, Día de la reafirmación de los derechos de Pueblos Originarios y contó con el acompañamiento de organizaciones sociales, de comunidades originarias y de derechos humanos.

Repartidos en seis jornadas desarrolladas semanalmente declararon casi una treintena de personas, con registros grabados de entrevistas a sobrevivientes, testimonios de familiares y descendientes, referentes e investigadores de las comunidades, periodistas, historiadores, antropólogas y juristas.

Los testimonios reunidos a lo largo del juicio dejaron en evidencia que la Masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en una trama histórica de explotación y represión sistemáticas a las comunidades originarias por parte del Estado y del poder económico.

Además se confirmó que en Napalpí fue la primera vez que se utilizó un avión para el ataque a una población en Argentina, sobre la base del relato oral, y de pruebas documentales por el Archivo General de la Nación sobre la cual se describe el funcionamiento de la reducción de las comunidades originarias. La Secretaría de DDHH elaboró un informe histórico con la reconstrucción del proceso de represión, la cobertura judicial y encubrimiento posterior.

Luego de la represión los relatos de sobrevivientes fueron invisibilizados por la historia oficial, cómplice en la deshumanización de las víctimas y en la impunidad de victimarios.

Juan Chico, docente e historiador qom, fue uno de los pilares de este juicio que no pudo llegar físicamente a las audiencias a raíz de su fallecimiento por Covid-19 el año pasado.

En la primera jornada del juicio se proyectó una entrevista en la cual Chico señaló: “Napalpí es un tema muy caro para nosotros, se invisibilizó, pero en el los últimos años empezó a levantarse, la memoria oral vino con los años pidiendo permiso, abriéndose paso en la historia oficial, sucede que es como dice Walter Benjamin; todo documento es un documento de barbarie. Hay un conocimiento cultural, en las comunidades, que debe ser receptado en la Justicia”.

Con la intención de “acercar” el proceso jurídico a la población las audiencias se realizaron en la capital chaqueña, y también en la localidad de Machagai, donde ocurrieron los hechos.

Las últimas jornadas tuvieron lugar en la ex Esma, primero por una cuestión de asegurar el testimonio de personas que no podían trasladarse a la capital chaqueña, pero también a modo de referencia, con la audiencia por crímenes de genocidio indígena instalada durante dos días en uno de los centros neurálgicos del terrorismo de Estado perpetrado durante 1976-1983.

Con la etapa de testimoniales terminada, la causa judicial avanza hacia su definición, la cual quedará con la vía expedita una vez pronunciados los alegatos acusadores, este jueves.

Justamente, la última declaración en el juicio fue la el ex juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de DD.HH., Raúl Zaffaroni, quien destacó la importancia de esclarecer lo ocurrido como una “deuda del Estado” al tratarse de uno de los “hechos más sangrientos, que produjo una herida que tiene que ser mostrada a nuestro pueblo para generar conciencia y acabar con la invisibilización de nuestra riqueza étnica”. 

Fuente: *Especial para Télam

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