La polémica en la Causa Adhemar llega a la Corte y el Consejo de la Magistratura
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba elevó a esos organismos un informe referido al entredicho entre la fiscal Valeria Rissi y el juzgado federal de Catamarca.
El entredicho entre la fiscal cordobesa Valeria Rissi y el juzgado federal de Catamarca motivó que el Ministerio Público Fiscal de la provincia elevara un informe a la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, exponiendo los hechos y "a los fines que pudieran corresponder". La polémica entre esos funcionarios judiciales se produjo el 22 de abril pasado, en ocasión de los procedimientos en la denominada Causa Adhemar, que investiga presuntas estafas piramidales.
Los inconvenientes entre las dependencias judiciales de ambas jurisdicciones están relacionados con supuestas demoras en los allanamientos y la detención efectuadas en Catamarca ese día, pese a que los pedidos de Rissi habían sido efectuados con la antelación usual en estos casos. Fuentes del poder judicial provincial creen que se trató de una maniobra para beneficiar al imputado, y fundamentan sus sospecha en que tras esas demoras florecieron pedidos de excarcelación, que a la fecha no prosperaron.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público Fiscal precisó que "a través del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba se puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la Nación, hechos de trascendencia acaecidos en las ciudades de Córdoba y de San Fernando del Valle de Catamarca referidos al informe de la Fiscal de Instrucción de 27° Nominación de la Ciudad de Córdoba, Valeria Rissi, en relación a una serie de incidentes suscitados entre la Fiscalía a su cargo, y el Juzgado Federal de la Ciudad de Catamarca en el marco de la instrucción de la causa contra Edgar Bacchiani".
Bacchiani enfrenta procesos judiciales en la Justicia Federal de Catamarca y en la Justicia de Córdoba: en la primera se lo investiga por presunto lavado de activos e intermediación financiera sin autorización, mientras que en la segunda se lo investiga por una presunta estafa.
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