Organismos repudiaron el violento desalojo a ambientalistas en ruta 5

La Mesa de Trabajo por los DD.HH. y otras organizaciones se pronunciaron ante el hecho que concluyó con dos detenidos y manifestantes golpeados.
El violento desalojo de ambientalistas en Paravachasca cosechó repudios de organizaciones sociales y de DD.HH. Foto: gentileza

La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba exigió en un comunicado “la libertad inmediata de Ramiro García y Luis Suárez, integrantes de la Asamblea Paravachasca que se encontraban en el acampe del km 47 de la ruta 5 cuando en horas de esta tarde (por el viernes) fueron golpeados y detenidos por la Policía de la Provincia de Córdoba luego de una orden de desalojo emitida por el fiscal de Alta Gracia, Diego Fernández”.

La Mesa, donde confluyen los organismos de derechos humanos de Córdoba, agregó que “defender el monte es defender la vida y el derecho a un ambiente sano y a la protesta, están siendo vulnerados y reprimidos por la Policía provincial”. 

En el documento distribuido se expresa: “El Estado provincial es responsable por la integridad de los detenidos. Reclamamos los diálogos y las instancias participativas y democráticas como forma de resolución de los conflictos territoriales y repudiamos la represión”.

Por su parte, también se pronunció un grupo de organizaciones sociales y de defensa del ambiente. En un comunicado firmado por Asociación Civil Semilla del Sur, Corriente Martín Fierro, Casa Común, Aquelarre VCP, Marchanta Teatro Independiente, Asociación Civil Espacio Satsanga, Espacio Bosque de la Memoria Villa Ciudad Parque, Feria de las Culturas y Espacio Arco Iris, se expresa el “repudio a la violencia ejercida por la Policía de la Provincia sobre las familias que manifestaban pacíficamente contra el avance de la autovía Paravachasca”.

El colectivo de organizaciones pidió la inmediata libertad de los detenidos, Ramiro García y Luis Suárez.

En el pronunciamiento se hace mención a la violencia ejercida por la policía, la Infantería y el ETER, haciendo responsables “a la Fiscalía de Alta Gracia, al Juzgado de Control del doctor Lasso (que rechazó el Hábeas Corpus), a la Policía de la Provincia de Córdoba, a los jefes y jefas comunales e intendentes de Paravachasca, al Gobierno de la Provincia, a la Secretaría de Ambiente, a Caminos de las Sierras y a la empresa Paolini Hermanos”.

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