Chubut realizó una pueblada contra la megaminería
Ambientalistas que se oponen a la ley que habilitó la explotación de yacimientos polimetálicos en dos departamentos de la provincia de Chubut, volvieron a protestar frente a la Casa de Gobierno provincial en Rawson, que sufrió serios daños en medio de nuevos incidentes con la Policía.
Los manifestantes de Rawson y otras ciudades lograron superar las vallas de contención que ubicó la policía en las ochavas y, una vez que ingresaron a la peatonal que separa la Casa de Gobierno de la residencia del gobernador Mariano Arcioni, comenzaron los destrozos contra la estructura del edificio y un incendio generalizado que obligó a la intervención de los bomberos.
Puertas destrozadas, parte del archivo quemado, muebles arrojados al exterior o incendiados, fotocopiadoras y computadoras tiradas en medio de la calle era el panorama que rodeaba el edificio.
Mientras los bomberos trabajaban esta noche en el lugar, brigadas de la policía de Chubut acudieron para dispersar a los manifestantes que circulaban por las inmediaciones.
Asimismo, fueron dañadas oficinas del Superior Tribunal de Justicia, donde también funciona la Procuración General, y resultaron quemados árboles de la zona.
Las inscripciones pintadas en las paredes de todo el contorno del edificio gubernamental fueron contra Arcioni -quien no está en Rawson sino en Comodoro Rivadavia-, y los 14 diputados que aprobaron la ley que habilitó la explotación minera.
Los manifestantes que protestaban contra la sanción de la ley fueron reprimidos por la Policía, y durante la madrugada se reportaron siete demorados que recuperaron la libertad rápidamente tras la intervención de la defensa pública y de representantes de organismos de derechos humanos.
La oposición popular a la megaminería lleva al menos 18 años, desde que en Esquel un contundente plebiscito rechazara la instalación de la megaminera canadiense Yamana Gold. Desde entonces, todos los gobiernos habían intentado diversas formas de habilitar el negocio, chocando siempre con la oposición mayoritaria de la población, ya que el uso del agua que requiere la megaminería y su consecuente contaminación amenaza la salud pública.