El 90% de universitarios de carreras humanísticas apoyan políticas de DD.HH.

El 90 por ciento de los jóvenes estudiantes universitarios argentinos que cursan carreras humanísticas apoyan las políticas de derechos humanos y las acciones tendientes a establecer Memoria, Verdad y Justicia, reveló un estudio del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que funciona en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Además, el relevamiento arrojó que, para un 86.6 por ciento de las personas encuestadas, el concepto de derechos humanos es percibido como una herramienta positiva vinculada mayormente a la dignidad humana.

El trabajo, al que tuvo acceso Télam, tuvo como eje la "percepción de derechos humanos de estudiantes universitarios" y fue impulsado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh-Unesco), con sede en la ciudad de Buenos Aires.

El universo consultado estuvo integrado por estudiantes universitarios de carreras humanísticas de establecimientos de altos estudios de la Argentina.

La directora ejecutiva del Cipdh-Unesco, Fernanda Gil Lozano, explicó en diálogo con Télam que "lo que más" le "impactó del trabajo fue cómo perciben los y las estudiantes el afianzamiento de políticas públicas referidas a derechos humanos en la Argentina" y afirmó que "lo mismo ocurre con salud reproductiva y sexual".

Así, el trabajo subraya que "los jóvenes valoran la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y destacan muchos avances en materia de identidad e igualdad de género, acceso a la información, pero muestran preocupación por la desigualdad y los derechos económicos, sociales y culturales".

Por otro lado, Gil Lozano destacó la percepción de los jóvenes "en cuanto a las falencias de los derechos económicos, como que un buen sueldo, el empleo y la producción" que, plantearon, hace "a la calidad de vida".

La directora ejecutiva del Cipdh-Unesco indicó además que, "a partir de este informe, se ha buscado generar datos y conocimiento como insumo para la formulación de políticas públicas vinculadas a la educación en derechos humanos".

Los datos del informe revelan que el concepto de derechos humanos es percibido como "una herramienta positiva vinculada mayormente a la dignidad humana por el 86.6% de los encuestados".

Esto se refuerza con la baja asociación de los derechos humanos respecto de la idea de un obstáculo a la gobernabilidad (3,2%), y de vulneración a la soberanía (10,4%).

Esta tendencia generalizada a asociar el concepto de derechos humanos con percepciones positivas presenta algunas tensiones cuando se abordan temas más controversiales, como la delincuencia.

En ese sentido, si bien el porcentaje de encuestados que se expresaron "muy en desacuerdo" con la afirmación de que "el respeto a los derechos humanos dificulta la lucha contra la delincuencia" concentra el mayor porcentaje (46,3%), las restantes respuestas son significativas: 3 de cada 10 encuestados/as está muy de acuerdo o algo de acuerdo con aquella afirmación.

Con relación a la participación en organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles de derechos humanos y otras, se observa que solo el 28,5% participa en alguna, y el 35% considera que accede a información sobre el tema.

La muestra relevada ascendió a 2174 casos recogidos entre 2018 y 2019, de los cuales el 34,5% son estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA; el 19,2%, estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes; el 17,7%, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y el 12,3%, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

También fueron parte de la investigación un 9,3% de estudiantes del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de Universidad Nacional de José C. Paz, y el 6,9% de la Facultad de Derecho de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

En todos los casos, las y los estudiantes encuestados provinieron de Abogacía y de otras carreras humanísticas como Trabajo Social, Ciencias Sociales y Comunicación Social, entre otras.

La investigación fue elaborada a través de una alianza estratégica entre el Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la UBA y el mencionado Cipdh, en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Del mismo modo, la no participación o acceso a información intensifica la valoración no positiva.

A modo de ejemplo, se indica que el 53,5% de los encuestados acuerda con que los beneficios derivados de políticas públicas deberían ser prioritariamente para los/as argentinos/as y esto se incrementa entre quienes no participan en organizaciones sociales o políticas.

Por el contrario, quienes participan se encuentran mayormente en desacuerdo con la afirmación (45,2% respecto de 19,2%), y, en el mismo sentido, se observan los datos entre aquellos encuestados que acceden a información pública.

Por otra parte, del análisis también surge la preocupación de los jóvenes por la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en la Argentina.

En esa línea, del total de las menciones, el 44% de las personas encuestadas afirmó que los derechos humanos más vulnerados en la Argentina son los económicos, sociales y culturales (trabajo, salud, educación, vivienda, derecho al desarrollo económico-social y salud sexual y reproductiva).

A su vez, 9 de cada 10 personas encuestadas acuerdan que en la Argentina hay un grave problema de desigualdad en el goce efectivo de los derechos humanos.

Las personas encuestadas identifican la identidad de género y el proceso de memoria, verdad y justicia como los campos con mayores avances.

Por su parte, en relación con la percepción sobre el retroceso en la Argentina en materia de derechos humanos, la pobreza, educación y trabajo fueron los campos más señalados.

En cuanto a la opinión sobre la realización efectiva de ciertos derechos, las universitarios encuestados sostienen que los derechos que más se garantizan en el país son el de expresarse libremente (75%) y el acceso a la información pública (58%).

Entre los que menos se garantizan, fueron indicados el derecho a un medio ambiente sano (77,6%) y al trabajo digno (71,6 %).

El trabajo también destaca que el grupo encuestado no se autopercibe como una juventud vulnerada, pero reconoce la existencia de otros grupos vulnerados, entre ellos, particularmente, los pueblos originarios, las mujeres y las personas privadas de libertad.