El diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón presentó un proyecto que permitiría los y las trabajadores/as en relación de dependencia y a las personas que realicen exportaciones de servicios, elegir acceder al cobro total o parcial de su salario en criptomonedas. 

Según plantea el escrito presentado “esta medida, además de fortalecer la autonomía de las y los trabajadores en relación de dependencia y autónomos, les ofrece un mecanismo moderno para conservar el poder adquisitivo de su remuneración sin que implique su conversión en divisas como la Ley 27.541 busca desalentar. Asimismo, este proyecto permite a los trabajadores autónomos que exportan servicios al exterior conservar el poder adquisitivo de su remuneración en el proceso de su ingreso al país”.

El texto plantea no sólo las concepciones al respecto de lo que significa criptomonedas y otras definiciones adherentes a este mercado emergente, sino también las obligaciones del empleador y la decisión absoluta sobre este tipo de cobro (tanto para darlo de alta, su revocación o modificación) exclusivamente de los/las trabajadores.

También comprende la posibilidad de seleccionar la criptomoneda que prefiera; qué parte de su sueldo será alcanzado por ese sistema y la elección de las directivas anticipadas (son reglas generales pautadas previamente para baja automática, alertas tempranas); entre otros. 

En este punto, se generan dos esquemas que permiten la elección del/la trabajador/a. Por un lado, la posibilidad de cobrar el sueldo acordado en pesos, pero pagadero al equivalente en criptomonedas al día de pago o, la posibilidad directa de pactar una parte de su sueldo en criptomonedas (no en pesos al cambio del día). 

Además, el proyecto contempla que, en relación con la protección para la seguridad social, el recibo informará el monto cobrado en pesos y siempre se realizarán los aportes y descuentos en base al monto total en pesos abonado (incluyendo lo correspondiente a criptomonedas al cambio del momento). 

“El presente proyecto busca que las y los trabajadores dispongan de una mayor autonomía y gobernanza de su salario, sin que esto implique una pérdida de derechos o exposición a situaciones de abuso en el marco de la relación laboral”, concluyen los argumentos del proyecto presentado.

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