Este viernes, decenas de juezas y procuradoras de todo el mundo se reunieron en el Vaticano, donde pidieron al máximo mandatario de la iglesia católica, el Papa Francisco, que la trata de personas sea considerado "un crimen de lesa humanidad".

Del encuentro participaron más de 20 magistradas argentinas, entre ellas la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Se plantearon una serie de 27 objetivos, entre ellos un "apoyo integral a las víctimas" y el "establecimiento de un registro común, nacional e internacional, de agresores".

"La trata de personas es un crimen aberrante que suele contar con la aquiescencia o negligencia del Estado, lo que lo convierte en una grave violación a los derechos humanos y debe ser considerado de lesa humanidad e imprescriptible", afirmaron las magistradas desde el Vaticano.

La reunión de las magistradas se debió a unas jornadas celebradas en la Santa Sede, llamada “Juezas y procuradoras tratan el tráfico humano y el crimen organizado". A través de un escrito, se acordaron 27 objetivos, entre ellos el "apoyo integral a las víctimas, a largo plazo y sin limitaciones o condicionamientos".

Entre los puntos suscritos estuvieron también el "establecimiento de un registro común, nacional e internacional, de agresores"; y el "reconocimiento de un derecho de permanencia de las víctimas en el país de destino regularizando su situación administrativa".

Además, las participantes pidieron por el "establecimiento de un fondo especial de compensación a las víctimas que garantice, en todo caso, la reparación integral del daño". Asimismo, se enfatizó que "los propietarios de clínicas, sanatorios y hospitales deben ser garantes de no aceptar ninguna forma de trata en sus instituciones, en específico de la trata de órganos".

"Para erradicar la trata de personas hay que remover sus causas que son principalmente la pobreza, la mentalidad patriarcal y machista que considera que el hombre tiene derechos sobre el cuerpo de la mujer", aseveraron en otro punto.

Además, pidieron a los Estados avanzar hacia un modelo como el de los países nórdicos, en particular Suecia, en el que "por primera vez en la historia se criminaliza a los consumidores y no a las víctimas de la trata".

Por parte de Argentina, las representantes fueron la titular de la Fiscalía contra la Trata, Alejandra Mangano, la jueza Inés Weinberg de Roca y la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó.

La jueza María Servini también participó y denunció que "la tendencia creciente es la de diluir la figura del juez a través de presiones desde arriba y desde abajo, desde el Estado y desde el mundo privado".