El colectivo Justicia Legítima se sumó a las voces que piden la urgente intervención de los “estamentos legalmente previstos” para sancionar a los jueces y fiscales que participaron de encuentros con el ex presidente Mauricio Macri, cuando éste estaba en funciones, a la quinta presidencial de Olivos.  

Según el agrupamiento de integrantes de la Justicia, que tiene referencias en todo el país, el hecho reviste “una gravedad institucional extrema, ya que conlleva una ruptura grosera del principio de división de poderes, al revelar una vinculación espuria y de sujeción del sistema de Administración de Justicia al poder político, económico y mediático, colocando a la ciudadanía a merced de las decisiones judiciales tomadas a requerimiento de esos sectores, eliminando así el último resguardo de esa ciudadanía frente a la arbitrariedad en cualquiera de sus formas”.

“La salud institucional y democrática de la República, exige una rápida intervención”, dicen en otra parte del comunicado que se dio a conocer este lunes.

Vale recordar que, a través de una investigación periodística que tomó los libros de ingreso a la residencia presidencial durante la gestión Cambiemos, se pudo dar cuenta de una serie de encuentros que,  según se sospecha, también habrían tenido lugar en la Casa Rosada.

Esos jueces y fiscales, además, tenían en sus manos causas sensibles y trascendentales para el futuro de políticos, empresarios y referentes sociales relacionados con la gestión del Cristina Fernández. Para Justicia Legítima, ese tipo de acciones dan cuenta de “conductas incompatibles con la función judicial o en el Poder Ejecutivo”.

 El comunicado completo:

En estos días se ha dado a conocer información oficial, que da cuenta de reiteradas visitas de jueces y fiscales a la Casa Rosada y a la Residencia Oficial de Olivos durante los años 2016/2019, visitas que han sido reconocidas por los propios protagonistas.

Los registros publicados muestran que esas reuniones se concretaron en fechas que resultan coincidentes con pronunciamientos de esos mismos jueces o de los tribunales que integran, en causas seguidas en contra de integrantes de la oposición política, empresarios o titulares de medios de comunicación, y siempre fueron en sentido favorable a las expectativas y exigencias del gobierno de aquel momento –muchas veces hechas públicas-, acerca de cómo debía actuar el sistema de administración de justicia en esas causas.

La situación descripta reviste una gravedad institucional extrema, ya que conlleva una ruptura grosera del principio de división de poderes, al revelar una vinculación espuria y de sujeción del sistema de Administración de Justicia al poder político, económico y mediático (art. 109 CN), colocando a la ciudadanía a merced de las decisiones judiciales tomadas a requerimiento de esos sectores, eliminando así el último resguardo de esa ciudadanía frente a la arbitrariedad en cualquiera de sus formas.

La salud institucional y democrática de la República, exige una rápida intervención de los estamentos legalmente previstos para los casos de conductas incompatibles con la función judicial o en el Poder Ejecutivo que desempeñan estas personas, a efectos de poner fin de manera tajante y ejemplificadora, a esas prácticas que configuran el mecanismo denominado Lawfare.

Ningún funcionario/a ni magistrado/a perteneciente a la Asociación Civil Justicia Legítima, llevó a cabo conductas a las que se hace referencia.

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