La orden parece haber sido clara. Como hace un tiempo no sucedía, y con comunicado público en mano (o listo para twittear, en verdad), algunos de los principales referentes del oficialismo provincial salieron de modo conjunto a pedir el tratamiento de la Ley de Biocombustibles en la Cámara de Diputados de la Nación. Que eso suceda un día después del anuncio de YPF respecto a un ambicioso plan de inversiones y el aumento en el precio de los combustibles, tampoco parece ser fruto del destino. 

El primero del sábado fue el ministro de Servicios Públicos Fabián López. "¿Por qué no se vota en Diputados la prórroga que en octubre salió por unanimidad de Senadores?”, se preguntó López que acompañó sus reflexiones con la imagen de una solicitada suscripta por un amplio abanico de instituciones cordobesas, que pide la extensión del régimen de promoción.

Le siguió Eduardo Accastello, el ministro de Industria cordobés, que consideró "inexplicable" que "la Nación" dilate el tratamiento de la prórroga que debería ser tratada antes del mes de mayo. "El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se excusa por la demora diciendo que hay intereses cruzados en vez de avanzar ya en la sanción de una prórroga", acusó el villamariense, quien también compartió su propio hilo en la red social. 

Más duro y directo que López (poseedor de otro perfil, también hay que destacarlo) Accastello acusó a "Sergio Massa y algunos sectores del Gobierno Nacional" por estar "haciendo lobby por las petroleras en contra de los biocombustibles que agregan valor en origen y generan trabajo en nuestros pueblos".

"El Gobierno nacional parece haber optado por la extinción de la industria de biocombustibles en Argentina en favor de la continuidad de una política basada exclusivamente en combustibles fósiles no renovables", denunció el ex intendente de Villa María que también sacó a relucir su pasado en el kirchnerismo para atacar las medidas del Gobierno. 

Sergio Busso, el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, fue el otro que recordó el reclamo a los diputados nacionales. "Desde Córdoba venimos pidiendo su prórroga en Diputados y no hemos sido escuchados". 

Busso señaló que nunca "se puso sobre la mesa", el proyecto elaborado "por las provincias productoras de la mano de los actores vinculados al sector", como así tampoco se realizaron los esfuerzos para generar propuestas superadoras. "Para Córdoba, como principal productora de maíz, este sector es un eslabón vital. Tenemos todo: la producción de biomasa necesaria, la potencialidad para su transformación, el know how  para seguir innovando, la posibilidad de continuar generando puestos de trabajo", aseguró. 

El ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei, también compartió el documento con el que el Gobierno cordobés se apoya en los sectores de la producción para presionar a la Cámara baja en el tratamiento. "Producir y crear valor agregado cuidando el ambiente es lo que queremos en Córdoba y demás provincias productoras", escribió en Twitter. 

El ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo De Chiara, señaló por su parte que “a tan solo 59 días del vencimiento de la ley de biocombustibles resulta incomprensible que se insista en un nuevo marco legal sin los consensos suficientes”. Así, se encolumnó con las declaraciones de sus pares del gabinete y con las consideraciones políticas respecto al derrotero de la norma que, naturalmente, constituyen la postura del Gobierno de Hacemos por Córdoba. 

Finalmente, fue turno para el hombre más político de los que se expresaron este sábado. El representante que, además, tiene la posibilidad de accionar directamente en las negociaciones que se den en la Cámara que preside Sergio Massa. "Como si no tuviéramos demasiado con la famosa grieta ahora parece inaugurarse una grieta transversal con los combustibles. Aunque ésta  parece estar regida por los intereses petroleros", tiró Carlos Gutiérrez para empezar a desarrollar un hilo de Twitter en el que volvió a pedir la prórroga ante la imposibilidad de construir una ley por "CONSENSO" (las mayúsculas pertenecen al diputado) en 59 días. 

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