Por DNU, oficializan el plan para la producción de gas natural
También fue declarado de interés público y el plan apunta a viabilizar inversiones en producción de gas natural para satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país.
El Gobierno nacional lanzó este lunes vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 892 el plan para la promoción de la producción del gas natural argentino y lo declaró de interés público.
Se trata del plan de producción, con esquema de oferta y demanda para el período 2020-2024, basado en un sistema competitivo en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST).
La secretaría de Energía fijará los precios de gas natural en el PIST, aplicables exclusivamente a los contratos o acuerdos de provisión (incluidas las operaciones spot) que la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) celebre con las empresas prestadoras del servicio de distribución y de subdistribución de gas por redes.
El presidente Alberto Fernández y el pleno del Gabinete facultaron a la secretaría de Energía que conduce Gustavo Martínez a realizar las adecuaciones y cambios necesarios para la instrumentación del plan.
El plan se asienta en la participación voluntaria por parte de las empresas productoras, prestadoras del servicio público de distribución y subdistribución que hagan adquisiciones en forma directa de las empresas productoras y de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Sociedad Anónima (CAMMESA).
La iniciativa tiene como objetivos viabilizar inversiones en producción de gas natural con el objetivo de satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus propios yacimientos.
También proteger los derechos de los usuarios actuales y futuros y de las usuarias actuales y futuras del servicio de gas natural; y promover el desarrollo de agregado nacional en la cadena de valor de toda la industria gasífera.
Del mismo modo se busca mantener los puestos de trabajo en la cadena de producción de gas natural; y sustituir importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y el consumo de combustibles líquidos por parte del sistema eléctrico nacional.
Asimismo, se busca coadyuvar con una balanza energética superavitaria y con el desarrollo de los objetivos fiscales del Gobierno; y generar certidumbre de largo plazo en los sectores de producción y distribución de hidrocarburos.
Los otros dos objetivos son: otorgar previsibilidad en el abastecimiento a la demanda prioritaria y al segmento de generación eléctrica de fuente térmica; establecer un sistema transparente, abierto y competitivo para la formación del precio del gas natural compatible con los objetivos de política energética establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional.
El plan apunta a un volumen base total de 70.000.000 de metros cúbicos por día para los 365 días de cada año calendario de duración del esquema.
Este volumen base podrá ser modificado por la Secretaría de Energía a efectos de garantizar el óptimo abastecimiento de la demanda, así como ampliado para los sucesivos períodos invernales y/o para los volúmenes a incluir en los plazos que eventualmente se extienda el plan.
El plazo será de cuatro años, el cual podrá ser ampliado por Energía en función de su evaluación de la situación en el mercado de gas. Para los proyectos costa afuera podrá contemplarse un plazo mayor, de hasta ocho años en total, en atención a las particularidades de este tipo de proyectos.
Exportaciones: podrán ofrecerse a las empresas productoras participantes condiciones preferenciales de exportación en condición firme por hasta un volumen total de 11.000.000 metros cúbicos por día, a ser comprometidos exclusivamente durante el período no invernal.
Estas condiciones podrán ser utilizadas tanto para la exportación de gas natural por ductos como para su licuefacción en el país y posterior exportación como GNL.
El procedimiento de oferta y demanda: los contratos particulares resultantes del esquema serán negociados mediante un mecanismo de subasta, licitación y/o procedimiento similar, a ser diseñado por la Secretaría, que garantice los más altos estándares de concurrencia, igualdad, competencia y transparencia.
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