En medio del drama que atraviesa Córdoba por los incendios y la lucha incansable de los bomberos por contener el avance de las llamas, dos nuevos proyectos de ley fueron presentados ante la Cámara Baja en busca de avanzar con políticas públicas que permitan mejorar el abordaje de esta problemática en todo el país.

La diputada nacional Brenda Austin propuso establecer de manera urgente un “piso mínimo presupuestario” para el combate al fuego en zonas forestales y rurales en todo el territorio nacional. La propuesta modifica el Artículo N°30 de la Ley 26.815, para garantizar que las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego no sean inferiores al 0,02 por ciento del Presupuesto Nacional.

“La situación que atraviesa es realmente preocupante. Sabemos que este es un año de los más secos a nivel histórico y esto plantea enormes desafíos en relación a la intervención oportuna. Hay que evitar que los incendios tomen las dimensiones que están teniendo, que ya afectaron a más de 300.000 hectáreas. En eso tiene que ver todo lo que se refiere al plan de manejo del fuego, y la colaboración de la Nación con las provincias”, destacó la diputada en declaraciones a La Nueva Mañana.

Austin indicó que el proyecto apunta a establecer una cláusula transitoria con un piso mínimo de 0,015 por ciento del total presupuestado de cara al año que viene, y adelantó que se pretende que esa cifra sea ampliada para 2022 a 0,020 por ciento. Vale recordar que el proyecto presentado por el Gobierno nacional establece una cifra del 0,003 por ciento para el Sistema Nacional del Manejo del Fuego.

La referente de Juntos por el Cambio advirtió que el porcentaje destinado cayó a la mitad y que este recorte se ve reflejado en la reducción de las horas de vuelo para el sistema aéreo de lucha contra el fuego, en la capacitación para bomberos y en los equipamientos para brigadas.

El objetivo es, entonces, un incremento muy significativo de cara al año que viene y una sostenibilidad de las partidas destinadas al combate del fuego.

A su vez, se elevó un pedido de informes para que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, brinden explicaciones en relación a la iniciativa del oficialismo.

Ley penal especial para delitos contra el ambiente

La diputada elevó asimismo una iniciativa para la creación de una ley penal especial de delitos contra el ambiente, complementaria al Código Penal vigente.

La iniciativa apunta a contar con una legislación penal “unificada, sistematizada y consistente” en materia de delitos contra el ambiente, teniendo en cuenta que el Código Penal de la Nación -vigente desde 1921- “no regula de manera clara y concreta los delitos contra el ambiente” y que existe en el país una “gran dispersión” en la legislación ambiental.

Este proyecto se plantea como una ley penal especial de delitos contra el ambiente, complementaria al Código Penal vigente y recoge el consenso arribado por la comisión de juristas en el proceso de actualización del Código Penal, cuyo resultado fue ingresado al Senado de la Nación en marzo de 2019. En este sentido, la iniciativa contempla la regulación de diferentes tipos de delitos ambientales: delitos por contaminación, delitos contra la biodiversidad, contra la fauna silvestre, contra los bosques nativos y protectores, y contra el patrimonio genético. Las penas van de uno a tres años de prisión y multas, con agravantes que las elevan de dos a seis años. En casos en que puedan generar afectaciones más graves al ambiente o a la salud de las personas, las escalas aumentan.

"El proyecto recoge todo lo que tiene que ver con delitos contra el ambiente. Necesitamos un abanico de políticas y que el Estado de respuestas", destacó Austin en diálogo con este medio.

Puntualmente respecto a los incendios, el proyecto incorpora un nuevo delito con penas de hasta seis años de prisión ante la “provocación, facilitación o instigación de incendios en bosques, arbustales y pastizales que cause un grave daño a elementos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas o el ambiente en general”.

También se criminalizan las alteraciones provocadas al agua, humedales, lagunas, esteros o pantanos, cursos o espejos hídricos, cuencas o microcuencas u otros humedales, con peligro para el ambiente. Y se establecen penas específicas para quienes “cambien de forma ilegal el uso del suelo forestal o del suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas”.

Adicionalmente, la iniciativa modifica la Ley 27.041 de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas privadas, a fin de “incluir expresamente su responsabilidad por delitos contra el ambiente” con los mismos alcances generales de la propuesta. 

Ambas iniciativas ya fueron presentadas en la Cámara Baja y se esperan que sean tratadas la próxima semana.

Noticia relacionada: