Cuando la ideología lesiona las leyes

En la Cámara Diputados votamos por unanimidad una ley de economía del conocimiento que le daba impulso a este sector clave de la economía del país a través de beneficios a empresas afines. Este gobierno, inexplicablemente, suspendió la ley vigente y dejó a esas empresas sin los beneficios, solo para mandarla a dormir al senado y, al final, herirla con un puñal ideológico y sumarle modificaciones que van a contramano de su propósito original. Todo esto mientras la economía del conocimiento avanza globalmente como una marea incontenible (y apolítica), con normas internacionales cada vez más modernas, generando más posibilidades de inversión en otros países y dejándonos cada vez más aislados y rezagados. 

Pareciera una regla de este gobierno al momento de proponer, impulsar o modificar leyes: “Ante la duda, hagamos lo que resulte más nocivo para el sector productivo”. La economía del conocimiento tiene un valor estratégico que no está siendo comprendido en su totalidad por este gobierno. Representa una de las dos oportunidades reales que tenemos para lograr ingresos per cápita más altos y empleos más calificados. La competitividad basada puramente en recursos naturales está pasando globalmente a segundo plano.

Con las inexplicables modificaciones del senado, recortaron los beneficios del uso del bono de crédito fiscal. Originalmente podía ser transferible y canjeado para afrontar diferentes tipos de impuestos y ahora, además de intransferible, más que nada se puede utilizar para pagar el IVA. Tampoco será bueno para la economía el arbitrario decaimiento de los beneficios por causas de reducción de personal. Muchas veces existen causas más que justificadas para reestructurar el personal, de modo que es totalmente inapropiado por parte del gobierno seguir inmiscuyéndose en las decisiones que hacen a las empresas competitiva, o coaccionarlas con este tipo de reglas absurdas.

Otro cambio que devalúa a la ley es el procedimiento del escalonamiento de los beneficios en el Impuesto a las Ganancias según el tamaño de las empresas. Considero que está viciado y fue judicializado por el Senado. Difícilmente algo así contribuya al desarrollo, ya que aleja a las inversiones y perjudica a miles de empresas grandes, que han dado miles de puestos de trabajo en el país.

A este gobierno le preocupa la concentración de la riqueza. Primero que nada, deberían estar preocupados por impulsar leyes y políticas que no generen aún más expansión de pobreza, como es lo que vienen haciendo desde tiempos inmemoriales, combatiendo el capital, el desarrollo, la productividad y estigmatizando el mérito, como si fueran la peste, mientras el mundo innova, crea y afianza sus estrategias de conquista de mercados y se gana todo lo que nosotros perdemos día a día. No podemos perder más tiempo.

Este es un sector que moviliza, no únicamente lo que sucede alrededor del conocimiento, la información y la tecnología, sino que abarca un espectro amplísimo de actividades y negocios, desde la arquitectura hasta el arte. 

Si queremos poner a Argentina en el mapa económico y volverla relevante en términos de crecimiento y participación en las cadenas de valor globales, no hay lugar para leyes ambiguas a favor del desarrollo. Este es el peor momento de la historia moderna para legislar tímidamente a favor del sector productivo. ¿Cuánto debate se necesita para consensuar el apoyo al sector productivo? ¿Cuánta discusión para entender que los argentinos ganan dignidad y respeto por sí mismos cuando acceden a trabajos cada vez más calificados?

Pero eso solo ocurrirá cuando existan mejores razones para generar empleos en vez de mandar a los emprendedores a huir del país, junto a los talentos que se están yendo. Además de la pérdida de divisas, pérdida de base fiscal y previsional. En definitiva, perdemos personas y cada vez hay más pobreza. 

Nuestra consigna debe ser crear más y mejor trabajo. ¡Lo necesitamos ahora! En vez de herir a las leyes con embates ideológicos estériles, como en este caso, necesitamos legislar con mentalidad global, proveyendo un marco normativo moderno que ofrezca incentivos para el sector. Los cambios realizados a esta norma no satisfacen este objetivo. De hecho, lo contradicen.

Lamentablemente, siguen proponiendo pasado en vez de futuro.

*Diputado Nacional (UCR). presidente de la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia Cámara baja.

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