La legisladora por el MST en el FIT Unidad, Luciana Echevarría, presentó en la Unicameral un proyecto para desarrollar un Plan Integral de Conectividad para estudiantes y docentes en Córdoba.

En el marco de la propuesta, se sugiere la creación del Registro de Estudiantes Sin Acceso a Conectividad (RESAC) en el que se incluirán a los estudiantes de establecimientos públicos de todos los niveles que no posean acceso a Internet.

Asimismo, como parte del plan, se impulsa la distribución gratuita de netbooks y paquetes de datos móviles a los estudiantes que formen parte del registro, de acuerdo a las necesidades y requerimientos educativos.

Por otra parte, la iniciativa estipula que será responsabilidad de los empleadores, o del Ministerio de Educación (según el caso) proveer de los insumos tecnológicos, datos, materiales, elementos y equipamientos de trabajo, de protección y seguro necesarios para desempeñar la función a los docentes de todos los niveles y modalidades.

“Si el docente se desempeña tanto en la educación pública como privada, la obligación de provisión de elementos la tendrá aquel establecimiento en el que preste la mayor cantidad de horas de servicio”, indica el escrito. 

En ese sentido, Echevarría cuestionó que hay miles de jóvenes que están quedando excluidos del sistema educativo por falta de recursos. “El gobernador (Juan Schiaretti) se la pasa hablando de la ‘sociedad del conocimiento’ y de Internet como servicio esencial, pero en estos meses no garantizó ni un solo paquete de datos ni dispositivos, tampoco avanzó en el famoso plan de conectividad provincial y subejecutó las partidas educativas. Queda claro que decidió abandonar la escuela pública para priorizar la reestructuración de la deuda provincial, reconociendo que tenemos razón cuando decimos que es impagable”, denunció.

Y agregó: “El derecho a la educación es fundamental e inalienable en cualquier contexto y por eso presentamos este Plan de Conectividad Integral, que otorga dispositivos y datos a todos aquellos estudiantes de la escuela pública que tengan dificultades para acceder a la educación virtual. Además establece la obligación de la patronal de proveer a la docencia de todos los insumos de trabajo necesarios”.