Más de tres años después de la sanción de la ley que permite el uso medicinal de la marihuana en Argentina, el Gobierno nacional prepara una nueva legislación que permitirá a los usuarios terapéuticos cultivar en sus hogares la planta de cannabis, además de habilitar su expendio en farmacias y proyectar cultivos y producción pública. Así lo comunicó Ginés González García a organizaciones cannábicas, médicos, docentes y científicos que integran del Consejo Consultivo Honorario.

El ministro de Salud de la Nación les presentó el borrador de la nueva reglamentación de la ley, que contemplará la mayoría de los pedidos de los usuarios. Y anulará la redactada por la administración del gobierno anterior, que había sido muy criticada por no resolver la demanda de los pacientes.

La producción pública de aceite de cannabis, el autocultivo controlado, la ampliación de especialidades médicas para su prescripción y la creación de un nuevo registro de pacientes son los ejes centrales de la propuesta de la nueva reglamentación de la Ley 27.350, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

La propuesta fue presentada formalmente el miércoles durante la primera reunión del Consejo Consultivo Honorario sobre la investigación médica y científica del uso de la planta de cannabis y sus derivados que también integran organizaciones de la sociedad civil.

"Esta es la reglamentación que esperábamos en 2017 y no podemos más que celebrar que, en este contexto tan adverso, el Gobierno nacional haya escuchado el pedido de la sociedad y haya visto que la marihuana para la salud no sólo no es un flagelo sino que es una solución para muchos problemas", indicó a Télam Valeria Salech, presidente de Mamá Cultiva Argentina.

La propuesta consensuada por todos los integrantes del consejo consultor avanza sobre cinco aspectos centrales: el acceso, la posibilidad de inclusión de otras patologías, la gratuidad, la investigación y la calidad.

Según informó la cartera sanitaria en un comunicado, "para garantizar el acceso se impulsa el registro de especialidades medicinales, la producción pública, se permite el autocultivo controlado, la ampliación de especialidades médicas para su prescripción y un registro de pacientes".

Además, la propuesta establece la promoción y apoyo a la investigación clínica para la generación de evidencia para la indicación terapéutica en otras patologías.

En referencia a la gratuidad, el proyecto establece que "estará contemplado para las personas con cobertura pública exclusiva"; en tanto que sobre la investigación estipula que "los proyectos que no involucren ensayos clínicos en seres humanos, no requerirán autorización del Ministerio de Salud".

La calidad del aceite será evaluada por las universidades, las cuales "a través de sus programas de extensión vinculados al cannabis medicinal trabajarán para el testeo de sustancias y cultivos experimentales para fortalecer la investigación y el acceso".

Durante la reunión en la que se aprobó por unanimidad el nuevo reglamento del consejo consultivo, además se amplió la participación de las organizaciones civiles de tres a seis y se designó como presidenta del espacio a la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Sonia Tarragona.

"Es muy positivo cómo se abre el juego a la sociedad civil, tanto a los individuos como a nivel de las organizaciones sociales porque se entendió que este cambio social se viene dando de abajo para arriba y habilita la horizontalidad de las prácticas en torno al cuidado integral de la salud empoderando a los usuarios", indicó Salech.

En este sentido, agregó: "Quedan muchas cosas para debatir, como por ejemplo cuáles van a ser las condiciones para el acceso al autocultivo pero estamos convencidas de que la construcción será rica y provechosa, y que vamos a seguir trabajando en conjunto, lo cual es muy positivo".

“Quiero agradecer a las organizaciones civiles por el camino transitado por años para llegar a una ley sobre el uso medicinal del cannabis, nuestro compromiso es vincularlas con un Estado presente”, indicó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, durante la reunión virtual.

Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que la propuesta de la nueva reglamentación “era una deuda pendiente del Estado y tenía la obligación de dar una respuesta a la sociedad en relación a una ley que tiene sus limitaciones”.

Al respecto, la funcionaria subrayó que “era imperioso generar este nuevo consenso que visibilizara todo el trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones, de las universidades y de la construcción colectiva que se generó, y en ese sentido, es necesario el acompañamiento del Estado para agregar calidad, equidad, acceso y seguridad para los pacientes”.