El sindicato de aceiteros y otros gremios del sector presentaron este martes al juzgado a cargo el concurso preventivo de acreedores de la agroexportadora Vicentin un petitorio para que se dé lugar el pedido de intervención judicial presentado por el Gobierno de Santa Fe.

La presentación fue realizada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara), en forma conjunta con el Sindicato de Aceiteros de Reconquista y de San Lorenzo.

El escrito fue presentado ante el juez Fabián Lorenzini, en adhesión al pedido de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe de intervenir la empresa Vicentin y desplazar a su directorio.

El viernes de la semana pasada, Lorenzini dispuso restituir al directorio de la empresa en sus funciones de manera temporal y darle carácter de veedores a los interventores de la empresa designados por el Poder Ejecutivo.

Ese mismo día, el Gobierno santafesino solicitó a Lorenzini la intervención judicial de la empresa por parte de la IGPJ en el marco del concurso preventivo de acreedores y por el lapso que dure el mismo, desplazar al directorio de la empresa y reponer a los interventores designados por el Gobierno nacional junto a un funcionaria de la provincia.

En el escrito presentado por los gremios, advirtieron que los directivos repuestos por el juez "han llevado a la empresa a esta gravísima situación que pone en peligro la continuidad laboral de nuestros representados, y que han organizado y construido el entramado societario para ocultar la conformación del grupo económico".

“Por ello es que entendemos que la única garantía de reactivación y continuidad laboral que hoy tenemos los trabajadores aceiteros de Vicentin es la intervención que propone la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, intervención que busca poner en resguardo el interés público y que, en nuestro caso particular, está dado por el interés de los trabajadores de salvaguardar las fuentes de trabajo que están en riesgo”, subrayaron.

Al mismo tiempo, solicitaron al juez “que se debe acompañar al expediente un estado de activos y pasivos de cada empresa del grupo económico” para que se "exija a Vicentin presentar el balance anual cerrado en octubre de 2019, certificado por un profesional independiente".

Además, indicaron que “una quiebra puede garantizar el cobro de algunos, y probablemente alguna empresa quiera y logre quedarse con la participación de Vicentin en Renova y algún otro activo a precio de remate; pero sin duda alguna no garantiza la continuidad laboral de los trabajadores aceiteros de las planta de Reconquista y San Lorenzo".

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