Diez días después de que Alberto Fernández asumiera como Presidente, las senadoras del Frente de Todos María Catalfamo, Ana Ianni, Nancy González, Ana Almirón y María Inés Pilatti Vergara presentaron un proyecto que buscar eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones.

La iniciativa califica a los procesos judiciales por casos de corrupción como “verdaderos linchamientos mediáticos”, y señala que las publicaciones en los medios “que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado" es un motivo suficiente para anular la prisión preventiva.

El proyecto enumera nueve condiciones para solicitar la nulidad de las ordenes de detención, entre los que se destacan la “publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.

Según publicó Infobae, también figura “el incumplimiento grave de plazos procesales que podrían afectar los principios del plazo razonable durante el desarrollo de las actuaciones el derecho al debido proceso” y la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido”.

Este último punto es una de las críticas recurrentes del kirchnerismo en el desarrollo del expediente del caso Cuadernos.

Otros puntos hablan de “la intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo en el desarrollo de las actuaciones" que pudieran "afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, y de la “intromisión de representantes de corporaciones profesionales en el desarrollo de las actuaciones o cuando ejercieran actos o dieran expresiones en público aptas para, o destinadas a afectar la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal”.

Con relación al rol del periodismo, cuestionaron la “amplia cobertura de los medios de comunicación masivos y concentrados que procuran manipular la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar o minimizar otros”.

Y agregaron: “Muchos referentes con amplia representación y legitimidad en nuestro país están sometidos a proceso, acusados de una gran variedad de figuras penales. Los procesos abiertos son suficientes para afectar la organización y la movilización de diferentes colectivos sociales; tanto de los que están directamente involucrados en las causas, como de aquellos que se ven intimidados por este accionar judicial”.

El proyecto completo: