Después de un tiempo de trabajo a la par de organizaciones de trabajadores pasivos y, sobre todo, a partir del debate abierto tras los anuncios del pasado viernes respecto al aumento en las jubilaciones nacionales, el Frente de Izquierda busca una salida legislativa a la siempre compleja y controvertida realidad que vive esa franja social en la provincia de Córdoba.

“Ya hubo negociación entre el Gobierno nacional y el provincial buscando avanzar en la armonización, por lo que no es menor lo que suceda a nivel país”, dice Soledad Díaz García en diálogo con La Nueva Mañana.

“Tenemos una Caja de Jubilaciones intervenida hace 25 años, con un déficit que nadie sabe cómo va a solventar y que ni siquiera fue nombrado por el Gobernador en el inicio de las sesiones de la Legislatura. Es el problema más urgente que tiene Córdoba junto con el vencimiento de deuda y nadie parece decir nada novedoso al respecto, más bien todo lo contrario”, asegura la legisladora que presentará un proyecto que busca poner en discusión una salida política para la situación que viven los jubilados cordobeses, cuya mínima hoy ronda los 14 mil pesos.

Según señala, la administración provincia avanzará con un proceso de armonización para establecer el haber inicial sobre la base de un promedio de diez años, mantendrá el diferimiento de los aumentos y continuará “el vaciamiento de la Caja” a través del mecanismo que toma el ingreso de bolsillo de los trabajadores activos (y no el bruto) para calcular el haber jubilatorio. “Todo lo que han hecho mal las anteriores gestiones, este Gobierno lo acentúa”, segura Díaz García.

El proyecto de la izquierda se para sobre tres ejes:

-No se puede salir del déficit de la Caja de Jubilaciones si no se blanquea a todos los trabajadores que hoy están en situación precaria y, por ende, no aportan.

-Se deben reponer los aportes y las contribuciones patronales, “recortados sistemáticamente desde el menemismo”, que son un factor central del desfinanciamiento.

-Se deben eliminar las jubilaciones de privilegio que percibe un sector “parasitario” de la sociedad. La jubilación máxima no puede superar más de seis veces a la mínima.

Además, el proyecto advierte sobre la necesidad de reestablecer la presencia de un directorio que sea representativo de todas las partes interesadas y sea elegido democráticamente. “Hace 25 años que la Caja está intervenida por lo que el problema claramente es político”, dice Díaz García al respecto. “Necesitamos poder controlar que sucede y cómo se manejan los fondos de los trabajadores”, advierte a la vez que anticipa que el proyecto se pondrá a consideración a través de audiencias públicas que se realizarán en la Legislatura de Córdoba.