La Justicia federal de Chaco procesó sin prisión preventiva a la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala y le trabó un embargo por un millón de pesos por el presunto delito de "fraude en perjuicio de la administración pública".

Se trata de un expediente en el que la actual legisladora nacional de origen radical es investigada por el supuesto direccionamiento y el presunto pago de sobreprecios en contrataciones realizadas por el municipio chaqueño de Quitilipi, cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, función que ejerció desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, durante dos años.

Una vez conocida esta resolución, que tiene fecha del último día hábil de 2019, la diputada Ayala sostuvo que se trata de "una causa armada" y consideró que "no es serio que un fiscal proceda sin tener pruebas y que una jueza procese también sin pruebas".

"Yo estoy a derecho y estaré siempre", aseveró la diputada, quien sostuvo que, desde que ganó las elecciones legislativas en 2017, en Chaco, con las que se convirtió en diputada nacional, merced a "causas armadas", destruyeron su "carrera política", su "salud" y su "familia".

"No sé qué quieren", aseveró la diputada en declaraciones que formuló este jueves a El Destape Radio, en las que indicó, además, que el denunciante en el expediente por el que ahora fue procesada, es un intendente que "estuvo preso por violencia de género y tiene dos juicios del Tribunal de Cuentas por mal desempeño", en referencia a Carlos Casalboni.

En la resolución difundida este jueves, la jueza federal Zunilda Niremperger entendió, a partir de las pruebas recolectadas en la causa, y las declaraciones y testimonios, que estaba "completamente viciada" la contratación realizada en 2016 por el municipio de Quitilipi a la firma Service Hogar, propiedad de Claudio Alejandro Tolosa, también procesado en el marco del expediente.

En este marco, el fiscal federal Patricio Sabadini, quien interviene en la causa, afirmó, en declaraciones formuladas a la señal de cable C5N, que, en su condición de secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, Ayala había "bajado un programa con la condición de que las compras se hicieran en un polirrubro y con excesivos sobreprecios". Así fue que, según pudo determinar la investigación, a través de este programa, la Municipalidad de Quitilipi adquirió "desmalezadoras y herramientas que en el mercado tenían un costo de 400 mil pesos, por un valor cercano al millón de pesos, es decir de más del doble", según detalló el representante del Ministerio Público Fiscal en sus declaraciones periodísticas.

Además, contó que, cuando efectivos de Gendarmería Nacional fueron a constatar qué había en el domicilio en el que figuraba la empresa proveedora, se encontraron "con un taller de reparación de aires acondicionados".