Este martes la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que las personas detenidas en los establecimientos penitenciarios 1 y 2 pertenecientes al Servicio Penitenciario de Córdoba reciban la remuneración que les corresponde por su trabajo.

La resolución de la Justicia sucedió después de que la defensora oficial Mercedes Crespi interpusiera un recurso debido a que la mitad de los presos no percibían ninguna remuneración por su trabajo dentro de la cárcel. 

La sentencia fue firmada por los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma con la disidencia de Carlos Mahiques, tras el dictamen favorable del fiscal Javier de Luca, a partir de una acción de hábeas corpus impulsada por la defensa pública oficial, publicó el diario Comercio y Justicia. 

Crespi había denunciado que el Servicio Penitenciario "no provee a los detenidos federales el derecho a trabajar; además, que del total de los detenidos que logran acceder a un trabajo, más del 60% no recibe remuneración alguna", citó dicho medio.

"Los penitenciarios de Córdoba han creado una categoría de trabajadores en calidad de voluntarios que no se encuentra prevista normativamente (...) La remuneración que recibe el reducido grupo de trabajadores rentados es irrisoria y no cumple con los estándares internacionales respecto de las personas privadas de su libertad", agregó la defensa.