Tras la Ordenanza 11.817, sancionada en 2010, se dispuso que en cada Centro de Participación Comunal (CPC) se establezca un Servicio de Protección de Derechos (SPD) de niños, niñas y adolescentes. Se trata de un grupo de profesionales encargados de trabajar con familias en los barrios para garantizar que se cumplan sus derechos.

Cada SPD se fue estableciendo en los distintos CPC, pero con el tiempo surgieron denuncias de su poco o nulo funcionamiento debido a la falta de personal. La ordenanza prevé que cada CPC cuente con un trabajador social, un psicólogo, un abogado, un operador social y un administrativo, algo que solo se cumple en contados casos.

Ante esto, el Concejo Deliberante aprobó luego de tres años un pedido de informe para conocer si efectivamente funcionan los SPD de seis CPC: Monseñor Pablo Cabrera, Rancagua, Pueyrredón, Guiñazú, Mercado de la Ciudad y Ruta 20.

"Para la cercanía con los vecinos, cada CPC debería tener una oficina. Entendemos que actualmente están faltando esas oficinas y desde que ingresamos al Concejo estamos pidiendo que se restituyan esos espacios. Este año volvimos a presentar un pedido de informe para ver si se avanzó con la habilitación de estos espacios, que en esos CPC entendemos que no están funcionando", explicó a La Nueva Mañana la edil del bloque Vamos, Eugenia Reales.

Asimismo, los SPD funcionan en el resto de los CPC, aunque en algunos casos también se evidencia la falta de personal y del mobiliario necesario para desarrollar las tareas, comentó la concejal.