Este miércoles la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos presentó más de 2.000 firmas ante el Colegio de Abogados de la Provincia en rechazo a la sanción que el Tribunal de Disciplina de Abogados de Córdoba le impuso al abogado Carlos "Chuzo" González Quintana.

El 9 de septiembre pasado dicho Tribunal le aplicó la máxima sanción al abogado por su intervención en el "Caso Santiago Maldonado". De este modo, le fue inhabilitada la matrícula profesional por un plazo de seis meses, durante el cual se ve impedido de ejercer profesionalmente.

Cabe recordar que previo a la desaparición de Santiago Maldonado, en Chubut, González Quintana venía trabajando junto a su colega Fernando Cabaleiro, en la defensa de los derechos de las comunidades mapuches, reprimidas de forma habitual por el Gobierno nacional.

Cuando Santiago Maldonado desaparece, el 1 de agosto de 2017, durante una represión de Gendarmería a la Pu lof Cushamen, el abogado cordobés y Cabaleiro, se presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para lograr que el Estado lo busque.

En sintonía con el ministerio de Seguridad de la Nación, el Tribunal acusa a González Quintana de "haber utilizado la hipótesis de la desaparición forzada de persona para conseguir medidas cautelares contra el Estado nacional". Ambos letrados fueron denunciados por el Gobierno nacional de haber conformado una asociación ilícita, y por falsa denuncia y traición a la patria también por sus pedidos a la CIDH. 

Apenas dos días después de aplicada la sanción a González Quintana, las autoridades del Colegio de Abogados fueron renovadas, siendo reemplazado su presidente Héctor Etchegaray por Ignacio Segura, quien estaría en desacuerdo con la aplicación de la penalidad impuesta al letrado cordobés.

En ese marco, este miércoles, además de las firmas, también fue ingresado un petitorio dirigido al actual presidente del Colegio para que la Comisión Directiva exprese, de manera pública, a través de un comunicado institucional el repudio a dicha sanción.

"González Quintana hizo lo que tenía hacer"

Desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, junto a otros organismos, expresaron su "enérgico repudio" por la sanción contra su "compañero" y destacaron que en toda su carrera profesional, González Quintana nunca tuvo ninguna sanción, siendo ésta la primera.

"El ataque a los profesionales del derecho que asisten a las víctimas de violencia institucional en contextos represivos (como lo es el caso Maldonado), constituyen hechos de una enorme gravedad que ponen en jaque al sistema democrático y al servicio de justicia, situación que solo traerá como consecuencia el desamparo de los débiles y el manto oscuro de la impunidad, desplegado sobre los responsables materiales e intelectuales de este y otros hechos semejantes, a los que asistimos", manifestaron a través de un comunicado los organismos de derechos humanos de Córdoba.

Y agregaron: "Nuestro abogado y compañero hizo lo que tenía que hacer, ante la noticia de una desaparición. Acudió a los organismos internacionales de ddhh para denunciar el hecho, ya que los tribunales de Esquel habían demostrado no ser confiables a la hora de investigar hechos de violencia estatal en territorio mapuche, en contra de las comunidades de la zona".

Además, señalaron que "este repudiable fallo, que será recurrido en todas las instancias nacionales e incluso internacionales, obedece a una evidente presión política por parte del Gobierno nacional, quien en cabeza de la ministra Patricia Bullrich, pretende seguir controlando la suerte que pueda correr el caso Maldonado y todas sus implicancias accesorias".

"Tengo grandes expectativas"

En diálogo con La Nueva Mañana, González Quintana se refirió a la entrega de las firmas y al petitorio y aseguró tener "grandes expectativas" en cuanto a la revisión por parte de las nuevas autoridades del Colegio de la sanción disciplinaria que le fue aplicada por el Tribunal de Disciplina de Abogados de Córdoba.

"Las nuevas autoridades del Colegio de Abogados me acompañan y le van a pedir al Tribunal de Disciplina que no tramite la sanción ya que la misma fue impugnada. De este modo, debería poder trabajar hasta la última instancia de revisión", explicó el abogado.

Y destacó que "la sanción, por su carácter antijurídico y arbitrario, ha despertado la inmediata reacción de un importante sector de la sociedad cordobesa y de otras geografías del país y del mundo, ya que significa un acto persecutorio y aleccionador no solo contra mí, sino contra las abogadas y abogados que encarnan un perfil profesional, comprometido con la construcción jurídica de un Estado que garantice mas derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, indígenas, laborales y de género a todas y a todos".

"En definitiva, esto significa perseguir con la vara disciplinadora a colegas enrolados en el paradigma y la praxis judicial de los derechos humanos, llevada a cabo en cualquier tribunal de justicia del País", manifestó.