Aprobaron la creación del Abogado de Niñas, Niños y Adolescentes

Finalmente, y luego de cinco meses de discusión, la Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles el proyecto de ley que crea la figura del Abogado de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA). El mismo permitirá representar legalmente a los chicos en cualquier procedimiento judicial o administrativo en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

La legisladora de Unión por Córdoba, Noemí Gigena, fue encargada de abrir al debate. En su intervención aseguró que "el objetivo dar un paso adelante en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la provincia de Córdoba". La presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Unicameral advirtió que "el tratamiento fue un ejemplo de debate y trabajo conjunto".

La sesión trabajó sobre la modificación e incorporación artículos a la Ley N° 9944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esos cambios, contemplan la necesidad de "adaptar los términos utilizados en la normativa a la legislación vigente y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación", como así también algunos aspectos procesales que se advirtieron necesarios según la normativa de fondo.

Todas las intervenciones de la tarde de este miércoles 19 de junio valoraron la iniciativa de las abogadas Vanina Lamberti y Cecilia Battistini, dos de las impulsoras originales del proyecto de ley que se aprobó con el voto unánime de todos los presentes en el recinto legislativo.

En una nota brindada a La Nueva Mañana días atrás, la abogada Vanina Lamberti aseguró que la figura del Abogado del Niño "viene a garantizar que sujetos de derecho, reconocidos como tales desde el año 1989 desde la Convención de los derechos del Niños, hoy puedan contar con el acceso a una defensa técnica especializada, que los patrocine y asegure su participación en los procesos donde se discuten asuntos que los involucran".

"Si bien no estamos creando nada nuevo, hoy nace un nuevo derecho para niños, niñas y adolescentes", sostuvo Martín Fresneda, uno de los responsables de que la iniciativa haya logrado comenzar a transitar el camino legislativo necesario para su sanción.

"Esta es la mejor ley posible porque hemos logrado que sean los niños, niñas y adolescentes los que elijan a sus abogados", señaló el legislador que consideró que "más allá de lo jurídico, lo que se aprueba representa un verdadero cambio cultural".

Para Liliana Montero, "ambas leyes se inscriben en un proceso que avanza hacia sistema de promoción de derechos que ponen a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y los dejan de tratar como si fueran objetos, dejando atrás el tradicional paradigma marcado por el sistema tutelar".

Entre otros puntos, la legisladora destacó la posibilidad de empezar a pensar las privaciones de la libertad como una medida última y no como una alternativa primaria a la hora de aplicar castigos. "Nunca el encierro resuelve aquello que la libertad no pudo o no supo resolver", destacó.

En su intervención, además, Montero destacó la posición de la Provincia de Córdoba de no avalar la baja de la imputabilidad. "El problema de la inseguridad en la Argentina no puede ser descargada sobre los jóvenes", señaló. "Un país que tiene el 50% de pobreza no puede pensar que el problema de seguridad se resuelve encerrando a niños, niñas y adolescentes mientras que los adultos responsables de las políticas económicas y sociales seguimos gozando de buena salud, en libertad", aseguró.

Otros de los puntos que fueron destacados por.el cuerpo legislativo durante la sesión del miércoles fueron la gratuidad.

Con críticas sobre algunos de los puntos, el interbloque de la izquierda (que se abstuvo en la modificación de la Ley N° 9944) y el legislador Aurelio García Elorrio acompañaron el proyecto en general, aunque anticiparon sus posiciones en contra sobre aspectos de la reglamentación.

En el recinto, estuvieron presentes el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Martín Farfán; el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, José Ricardo Piñero; y Juan Burgos, de la Defensoría de Niñas, niños y adolescentes, y representantes de las diferentes organizaciones que estuvieron participando en el proceso de discusión de la ley.

El Poder Ejecutivo tiene 180 días para reglamentar la ley.