Este martes, la Corte Suprema cerrará el capítulo que abrió el polémico fallo por el “2x1” y sepultará la posibilidad de que ese antecedente se aplique a futuro sobre la situación de otros detenidos por delitos de lesa humanidad.

En un fallo que se conocerá al mediodía, la mayoría de jueces integrada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votarán sobre un caso que validará la nueva ley N° 27.362, aprobada por el Congreso en tratamiento exprés, a partir del denominado “fallo Muiña”.

De esta forma, buscarán clausurar la conmoción que marcó a fuego una de las decisiones más resistidas del máximo Tribunal en los últimos años.

El voto que mutará tras la reforma legislativa para inclinar la balanza es el de Rosatti, cuya argumentación entonces apuntaba a un vacío legal que permitía interpretar que la ley penal no hacía distinción sobre el tipo de delitos del acusado.

En la semana previa, había movimientos en torno a la posibilidad de que Elena Highton de Nolasco también invirtiera el sentido de su voto, lo que podría dejar en soledad al presidente Carlos Rosenkrantz, desde cuya vocalía se redactó la médula del fallo conocido el 3 de mayo de 2017.

Hasta ahora, no había habido marcha atrás definitiva sobre la decisión que hasta motivó movilizaciones frente al Palacio de Tribunales en repudio a la sentencia original. Inicialmente mal calibrada por su impacto social, la Corte había beneficiado al represor Luis Muiña con un nuevo cálculo de su pena teniendo en cuenta el período en el que la Ley del 2x1 estaba vigente, antes de su derogación.

El movimiento obligó al Congreso y al Gobierno a apurar una ley correctiva que evitara una extensión masiva de los pedidos para acceder a la libertad de imputados por delitos ocurridos durante la última dictadura.

Explícitamente, se los excluyó de cualquier consideración para una conmutación o cálculo más benigno. Hubo también un cisma dentro de los propios tribunales que se negaron (en su mayoría) a aplicar el fallo como una nueva doctrina, rechazando la oleada de planteos que se generaron.

El caso elegido es el reclamo del represor Rufino Batalla, personal civil de inteligencia condenado por el asesinato de Laura Carlotto, la hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.

El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj hizo una presentación para que se le deniegue el beneficio. El mismo Rosatti escogió el caso Grabar cuando se estableció el cronograma de sentencias que la Corte planificó hasta fin de año, cuya segunda estación será mañana. El represor aguarda la decisión en libertad, tras cumplir 8 años y 5 meses de prisión de una condena a 13.