Piden juicio político a Garavano por encubrimiento en la causa Amia
El petitorio fue presentado por Memoria Activa, asociación que nuclea a familiares y amigos de un grupo de víctimas del atentado ocurrido en 1994.
Memoria Activa, la asociación que nuclea a familiares y amigos de un grupo de las víctimas del atentado a la AMIA, presentaron una serie de documentos ante la Cámara de Diputados para solicitar el juicio político contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
“El ministro de Justicia contribuyó al encubrimiento del atentado a la Amia en el marco de una maniobra escandalosa y de enorme gravedad institucional que requiere su tratamiento por parte de la Comisión de juicio político, que impulsó la Coalición Cívica-ARI. Garavano ordenó salvar a sus amigos imputados por irregularidades en la causa a través de la querella que representa al Estado argentino en el juicio por el encubrimiento del ataque terrorista, faltando a su responsabilidad de promover la búsqueda de verdad y justicia”, sostiene la Asociación a través de un comunicado difundido en las redes sociales.
En el texto, el grupo de familiares de las víctimas del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires afirman que Garavano “efectuó presiones a los abogados apoderados de la querella del Ministerio de Justicia para que cambiaran su línea acusatoria en el juicio a una más alejada de los familiares de las víctimas y más cercana a los acusados de encubrir”.
“En conclusión –finaliza la denuncia- consideramos que la querella del Ejecutivo nacional envió un fuerte mensaje político a las partes del proceso, al tribunal del juicio y a la sociedad altamente preocupante para las víctimas, quienes nuevamente nos encontramos con funcionarios inescrupulosos que anteponen sus propios intereses a los de la búsqueda de la verdad y la justicia. Un mensaje que resultará aún más preocupante si logra finalmente influenciar la decisión de los jueces.
El intento por parte del Ministro de obstaculizar la búsqueda de justicia implicaría, además, una violación de los compromisos asumidos por el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (decreto 812/05) en su obligación de buscar la verdad e investigar a los responsables del atentado y a sus encubridores”.
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