Gendarmería en Córdoba: cuando la excepción se hace regla

Parece difícil entender que cuatro personas con armas largas, sin dar mayores explicaciones obliguen a parar un colectivo de línea, asciendan al mismo y exijan que los pasajeros exhiban sus pertenencias, abran sus bolsos y muestren sus documentos y esas personas representen al Estado. Más difícil resulta aún entender que tal acto de violencia implique una medida tomada en conjunto por el Gobierno nacional y el Provincial para brindar “seguridad”.

Lo trágico de la situación es que todo ello sucede en gobiernos elegidos por el voto popular, que se hacen llamar democráticos y continúan expresando su lealtad a la Constitución Nacional, ley de leyes que repugna cualquier acto de abuso de poder como estos operativos que, lejos de brindar seguridad, siembran terror. Lejos de pedir cumplimiento de la ley, exigen la sumisión de todos aquellos cuerpos controlados.

Quizás haya que pensar en nuevas categorías que puedan asir estos tiempos en los que el fascismo gubernamental avanza sostenido por una parte importante de la sociedad que lo defiende. “¿Cuál es el problema que controle sino tenés nada que ocultar?” repiten aquellos que creen sentirse más seguros cuando las fuerzas de seguridad controlan a otros. ¿Será acaso que permitirán que la policía ingrese a su casa, revise sus papeles y escuche sus comunicaciones si total no hay nada para ocultar? La privacidad, la intimidad y la dignidad humana son derechos de todos, no privilegios de quienes tienen algo que ocultar.

¿Se imaginan lo violento que resultaría ser requisado cada vez que uno sale de su casa, ingresa al trabajo o sube al colectivo? ¿Podemos acaso suponer lo denigrante que resulta abrir un bolso y mostrar las pertenencias y asumir una posición de sumisión frente a una persona que porta un arma larga?

Quizás a algunos no les moleste cuando Gendarmería revisa a otros. Incluso podrán existir personas que no les moleste demostrar una sumisión canina frente a las fuerzas de seguridad. Pero también es cierto que no todos quieren ser ciudadanos con derechos y que algunos, frente al miedo, ceden libertad y dignidad para transformarse en súbditos. Sin embargo eso no es viable en un Estado que quiere seguir llamándose democrático.

Está claro que no vivimos una dictadura, no por lo menos en el sentido tradicional que se les dio a éstas durante el siglo XX. Pero tampoco vivimos en una democracia, o por lo menos no en esas democracias en las que creíamos que la vida y la libertad valen más que el orden. Que cuatro personas armadas que representan al Estado aborden un colectivo del transporte público para controlar y vigilar a los pasajeros, no parece ser una forma viable de democracia, que nos ha costado más de treinta años y muchos muertos sostenerla.

La inseguridad no se combate con Gendarmería controlando como en las peores épocas de la dictadura. La inseguridad debe combatirse con la ley y la Constitución Nacional, y estos procedimientos rebasan cualquier legalidad. No hay mayor inseguridad que la producida por la obsesión de tener seguridad a cualquier precio. La democracia no es negociable en aras del orden.

¿Qué busca Gendarmería? ¿Qué un gran narcotraficante suba al colectivo y tenga encima toneladas de droga? ¿Qué un homicida en vez de tener el DNI tenga un cuchillo ensangrentado con el que acaba de asesinar? ¿Buscará sacerdotes que tengan escondido un niño debajo de su sotana? ¿Buscará hechos de corrupción, delitos de cuello blanco, empresas offshore? No. Nada de eso. Ni siquiera es el delito lo que busca.

¿Qué hará el gendarme cuando un joven no tenga documento? ¿Qué procedimiento practicará cuando alguien se niegue a abrir la mochila? No es una obligación legal portar el documento de identidad para caminar. Pero aquí no se buscan aplicar la ley. Gendarmería busca desparramar el terror. Buscan que el miedo de la población sea tan grande que el silencio cómplice se apodere de nosotros. Busca disciplinar a las poblaciones, hacerlas dóciles, obedientes. Buscan que naturalicemos el Estado de excepción, que a estas alturas parece ya una regla.

No es legal lo que está pasando, pero se han borrado bastante los límites de lo legal en un Estado que al tiempo de recortar derechos sociales, avanza en la criminalización de la pobreza, la protesta y el terror de la población.

Hay algo aún más grave: estas acciones gubernamentales dañan severamente la convivencia pacífica que nos merecemos como personas. Por eso, ante los atropellos, le oponemos los Derechos Humanos. Es el fervor por no repetir el pasado ignominioso lo que nos hace no callarnos frente a estos atropellos.

*Abogado, docente y Coordinador del Núcleo de Estudios e Intervención en Seguridad Democrática (NEISeD) de la FFyH-UNC.

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