Comunidades presentaron una denuncia ante el fiscal Enrique Senestrari para que las empresas que realizan trabajos vinculados a la autovía cesen el “daño patrimonial irreversible”.
Ed Impresa 05/08/2022
Miriam Campos
“Este desarrollismo es ciego, no ve absolutamente nada, la tierra es tierra, hay que removerla, romper y nada más”, dice el abogado René Amsler, quien esta semana presentó junto a comunidades indígenas del valle de Punilla una denuncia en la Justicia Federal por el “daño arqueológico irreversible”, por parte de la empresa Sacde y Roggio en inmediaciones del río Yuspe -en Cosquín y en la localidad de Santa María de Punilla-, en el marco de la construcción de la autovía que comanda Caminos de las Sierras.
La denuncia penal fue presentada ante la fiscalía Federal Número 1 a cargo de Enrique Senestrari, y fue impulsada por las comunidades originarias de Villa Ancón, Las Tunas, Siquiman y Nueve Lunas del pueblo Nación Kamiare, Kamichingon, ubicadas en el centro norte del valle. El reclamo es que se emita una orden para que “cese el daño patrimonial irreversible”. Es decir, que se paralice la obra en Punilla hasta tanto se realice una prospección arqueológica que se ajuste a derecho.
“La ley nacional 25.743 -que tiene por objetivo la preservación, protección y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico en el país- exige una serie de recaudos a la hora de proteger este patrimonio de las culturas originarias, es un valor que nosotros no podemos calcularlo porque no somos conscientes”, indica Amsler sobre los sitios sagrados, menhines y pircados en el territorio cordobés que son el eco de los pueblos que habitaron el territorio.
“Una cultura megalítica que estuvo en esta zona en conexión plena con la naturaleza”, indicó a este medio Fernando Manguz, que vive en Punilla y es parte de la organización territorial Kami Henen, que nuclea a distintas comunidades originarias en Córdoba, como los pueblos kamiare-comechingón, sanavirón y ranqülche.
Cuando las comunidades originarias de Córdoba mencionan que el patrimonio ancestral data de 12.000 años atrás, “mucha gente se sorprende” pero esto se relaciona con la negación y el desconocimiento sobre los restos arqueológicos que se registran en esta parte del continente; y “también con la falta de voluntad política y presupuesto estatal” para visibilizar y proteger el patrimonio cultural.
En esa línea, la arqueóloga Roxana Cattaneo, que trabajó en un registro sobre los sitios arqueológicos en Córdoba y es asesora de las comunidades indígenas, contó en una entrevista a La Nueva Mañana, que en la provincia son más de 2.000 los sitios y casi el 70% están en el valle de Punilla. Y que por el avance de la traza de la autovía “son cientos” los sitios arqueológicos que serán impactados y si una máquina avanza sobre ellos, nada se puede reparar.
“Acá hay sitios arqueológicos y son sitios sagrados también, no somos capaces de entender el problema porque estamos ante el cruce de culturas, tan fuerte que no somos capaces de verlo”, aporta René Amsler quien forma parte del grupo de abogados que viene impulsando que se accione judicialmente ante los reclamos vecinales. Agrega que, por ahora, no es la Justicia la que media en estas circunstancias sino es la población la que está defendiendo lo que queda en el valle.
“La Policía está protegiendo a las máquinas, que les garantizan cordones policiales para que las empresas puedan trabajar. Esta es la foto de Córdoba 2022”, cuenta el abogado y agrega que este avance con la construcción basada en un estudio de impacto “deficiente”, va a destruir lo poco que queda.
“Va a destruir el Yuspe y ya no se trata de lo arqueológico solamente, sino que además va a afectar las cuencas de agua. Es decir, que el cordobés que está en su departamento de Alta Córdoba, que quizás cree que esto no lo toca, sí lo afecta por eso estos problemas son ambientales porque son difusos los intereses, no somos conscientes nosotros hasta dónde pueden llegar”, destaca el letrado y agrega: “Y tampoco son conscientes ellos, porque si hubieran hecho estudios de impacto ambiental, acabados, reales, serios, como corresponde, con la extensión, la línea de base y el plan de manejo que corresponde, no tendríamos este problema”.
-¿Qué pasa en Punilla con el avance de las máquinas que denuncian?
-La empresa Roggio está en Santa María de Punilla y Sacde, está en Molinari y esto responde a una idea de “Blitzkrieg”, la guerra relámpago, todo rápido, todo fuerte para que no haya capacidad de reacción ni siquiera, esa es la estrategia. Dividieron la obra en cuatro partes, para que distintas empresas trabajen lo más rápido y destructivo posible para que las y los vecinos no tengan capacidad de reaccionar. Por eso es que hay varios frentes, no es solo uno, no es lineal la obra sino que simultáneamente va avanzando en cuatro partes. Son empresas distintas pero están haciendo lo mismo, pasan con unas topadoras con unos tipos que se dicen arqueólogos -dado que el equipo original renunció- y van con un machete al lado removiendo todo, no dando lugar a algo serio. Parece que la intencionalidad en esto es “destruir rápido” porque si se detectan vestigios, luego es un problema porque lo que está en juego para ellos es el tiempo y los costos. Es toda una seguidilla de histeria que en la parte de Santa María se logró frenar porque vino la gente de Patrimonio de la Provincia, donde armaron un acta con las personas presentes.
-¿El relevamiento de sitios arqueológicos sobre la traza se hace mientras trabajan las máquinas?
- Sí, y nuestro reclamo no es un capricho, vienen haciendo las cosas mal desde entrada porque renunciaron todos los arqueólogos y aparecen arqueólogos de facto, que no son los que están autorizados según la resolución del único organismo que puede autorizar que es Patrimonio que está en la órbita de la Agencia Córdoba Cultura. Actualmente la arqueóloga Norma Ratto, de Buenos Aires, está al frente de este grupo de trabajo. Antes estaba Recalde pero también renunció. Las empresas contratistas son las que están infringiendo las leyes, Caminos de las Sierras, Sacde y Roggio. Pero también está en cierto modo el Gobierno porque en relación al convenio 169 OIT de la ley 24.071 (que establece la protección de los derechos de los pueblos originarios), la Provincia sabe que no hizo lo que tenía que hacer.
-¿Qué se plantea entonces?
-Denunciamos, pedimos reacción judicial pero a esta altura ya no esperamos nada porque hemos hecho un montón de presentaciones y no ha habido reacción. Le hemos pedido que por lo menos hagan un estudio serio de por dónde va a pasar esa autovía, cómo es posible que consideren que atraviese sitios arqueológicos. Para colmo con una autovía hecha con el objetivo de turismo porque ese es el objetivo ostensible. Nosotros acá, en unión con los distintos movimientos ambientalistas de la provincia, estamos luchando sin miedo y vamos a seguir peleando.
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