El diputado nacional Hugo Yasky pidió públicamente la medida, similar a la que el Gobierno tomó al comienzo de la gestión.
País 17/06/2021
Redacción La Nueva Mañana
El secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, reclamó al presidente Alberto Fernández que firme un decreto para otorgar "un aumento general del salario de 5 mil pesos", tal como había realizado el Gobierno del Frente de Todos a comienzos de su gestión.
"Pedimos un aumento general del salario como se hizo a principios de la gestión de Alberto Fernández, que permita recuperar varios escalones en la carrera que perdimos desde comienzos de año y que ya veníamos perdiendo con lo que fue el arrastre del macrismo. Estamos 29 puntos abajo", sostuvo el diputado nacional.
En declaraciones radiales, el referente sindical consideró que "la única manera de recuperar" poder adquisitivo es "a través de un decreto" que otorgue ese aumento general de salario.
Al ser consultado sobre el monto del incremento que considera que debería otorgar el Gobierno, Yasky explicó: "Tendría que ser un aumento de 5 mil pesos, que signifique de inmediato levantar desde abajo, favoreciendo a los salarios que están en la mitad de abajo de la pirámide, que son el 70 por ciento".
Además, subrayó que se debería "trasladar este aumento al Salario Mínimo, Vital y Móvil, que sería una onda expansiva para todo lo que tiene que ver con los planes sociales" y también que impacte en los jubilados.
El dirigente de Frente de Todos señaló que el objetivo es "darle poder de compra" a la gente, ya que se quejó de que se perdió poder adquisitivo ante los "sablazos de los remarcadores de precios".
"El esquema actual favorece una succión de recursos por parte de los sectores poderosos de la economía a través de la remarcación de precios. Tienen excedentes de ganancias que no convirtieron en inversión", concluyó.
A comienzos de 2020, el presidente Alberto Fernández había otorgado por decreto un aumento de 4 mil pesos (3 mil a partir de enero y mil desde febrero) para todos los trabajadores en relación de dependencia en el sector privado, que figuró en los recibos de haberes como "Incremento solidario".
La medida había sido cuestionada por las cámaras empresarias, que afirmaban que no tenían la suficiente liquidez para hacer frente al aumento.
Fuente: NA
En el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, las centrales obreras de Córdoba realizan una caravana en repudio a las medidas de ajuste del Gobierno nacional y en contra de la reforma laboral. En Buenos Aires, gremios y organizaciones sociales, se suman a la convocatoria de la CGT.
La expresidenta cuestionó la reforma laboral incluida en el proyecto de Ley Bases que obtuvo media sanción en Diputados, al señalar que su aplicación beneficiaría “solo a quienes evaden y se apropian de la rentabilidad laboral”.
Las subas, entre un 4% y 5%, están vigentes en todo el país desde las primeras horas de este 1° de Mayo. En Córdoba, el aumento se registró principalmente en las estaciones de servicio YPF, aunque con el correr de las horas, se esperaba que el resto de las petroleras actualicen sus precios.
A través de sus redes, el intendente Daniel Passerini, el gobernador Martín Llaryora y el ex gobernador Juan Schiaretti expresaron respectivos mensajes de saludos por el Día del Trabajador a través de sus redes sociales, acompañados de fotos y videos.
Por iniciativa de Hacemos Coalición Federal, la Cámara baja intenta tratar los proyectos para una nueva fórmula de movilidad, en tanto que la UCR busca "colar" el tratamiento de la emergencia en seguridad para la provincia de Santa Fe.
La Confederación de Trabajadores de la Educación anunció este jueves la medida de fuerza, que se llevará adelante en todas las provincias. En Córdoba, la UEPC informó que se suma al paro "por Paritaria Nacional, el pago del Fonid y el Fondo Compensador".
Aparecía como una resistencia de la vicepresidenta y titular de Senado, pero los últimos acontecimientos que alcanzaron su punto máximo con la anulación del incremento que se había dado el propio Presidente, la obligaron a dar marcha atrás y sumarse a lo dispuesto por su par de Diputados Martín Menem.
La decisión sobre el funcionario que está bajo la órbita de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei -que el martes recibió fondos millonarios para salarios-, se plasmó en el Decreto 323/2024.
La entidad gremial demanda, además, la convocatoria a la paritaria nacional docente y el envío de los fondos nacionales para las Cajas Previsionales Provinciales. La UEPC anunció su adhesión a la medida, con acciones de visibilización en todo el territorio provincial.
Su salida había sido anunciada hace dos semanas tras las filtraciones a la prensa del contenido de las reuniones de Gabinete. Pero nunca se confirmó en el Boletín Oficial. Luis Caputo asumirá control sobre las cuatro áreas que concentraba la cartera, tal como lo había adelantado en conferencia de prensa.
Con las nuevas firmas agregadas, la medida cautelar ahora abarca a 23 prepagas que contemplan el 95% de los beneficiarios cubiertos por este régimen. El recurso interpuesto por la SSS apunta a que las empresas retrotraigan sus precios a diciembre.
La acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU 70/2023 presentada por un conjunto de ciudadanos y abogados de Córdoba con el patrocinio del abogado cordobés Luis Díaz fue recibida por el juez federal Hugo Miguel Vaca Narvaja. “Es la única ADI no rechazada in límine del país. El jueves pediremos al Juzgado que cumpla la acordada de la Corte Suprema reconociendo el proceso colectivo”, señaló Díaz a LNM.
El jueves 26 de abril selló el acuerdo salarial con la Unión de Personal Superior de la Administración Pública Provincial (UPS), mientras que el 27 lo hizo con la Unión Ferroviaria y este lunes 29, con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
El mandatario nacional tendrá superpoderes por el plazo de un año tras la declaración de la emergencia pública administrativa, económica, financiera y energética. La votación fue con 134 posturas afirmativas, 117 negativas y una abstención. Fuerte crítica de la oposición.
Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado “impuesto a los ingresos personales” en la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.
