Aunque las perpetuas por los asesinatos de Silvia Maddalena y Ana Rosa Barrera son vistas como avances, hay coincidencia en la necesidad de más y mejor prevención.
Ed Impresa 03/05/2019 Adrián Camerano
Especial para La Nueva Mañana
En los últimos días de abril, el Poder Judicial provincial condenó a los asesinos de dos mujeres oriundas del departamento Santa María. Silvia Maddalena y Ana Rosa Barrera, ultimadas en mayo ambas (2018 y 2017, respectivamente) engrosan la preocupante estadística de femicidios en Córdoba, que oficialmente registra 94 víctimas fatales entre 2013 y 2017, y ya 8 en este primer cuatrimestre de 2019.
Sólo en Alta Gracia, cabecera departamental, hubo 5 casos fatales de 2010 a esta parte. Pero detrás de los números están los rostros, las historias y las vidas truncas de quienes cayeron bajo la extrema violencia machista. Y una reacción judicial en sintonía con nuevos paradigmas sociales y que, condenas mediante, ayuda a visibilizar y castigar, pero no obtura una exigencia de larga data, en buena medida aún pendiente: la necesidad de educar y prevenir, para que casos como estos no ocurran nunca más.
Ambos procesos judiciales fueron seguidos con atención en el Departamento. Desde Mumala Alta Gracia (Mujeres de la Matria Latino Americana), la referente Saira Asúa confesó que la situación “fue muy movilizante”, consideró que los fallos “suman” y destacó que la figura de femicidio “nos permite visibilizar los asesinatos de mujeres por su condición”. “Logramos cambiar el paradigma de atenuante a agravante; antes matar a una mujer por una emoción violenta disminuía la pena del asesino, ahora siempre que podamos comprobar los antecedentes de violencia, la Justicia dictamina perpetua con esta figura”, completó.
Sin embargo, contemporiza: “Los femicidios son muertes que se pueden evitar, tratando de prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres; en mí opinión, lo más importante es trabajar para que no sea asesinada ni una mujer más. Y para eso tenemos que cambiar como sociedad y empezar a cuestionar nuestras prácticas cotidianas, dejar de reproducir la violencia y el machismo, y cambiar este sistema patriarcal en el que estamos inmersos”. Mumala, que releva año a año las crecientes estadísticas de femicidios, pide que el Estado Nacional declare la emergencia en todo el territorio argentino.
Ana Scully, docente e integrante del colectivo DeFormación Feminista, consideró que “las condenas por femicidio o agravadas por violencia de género son positivas, porque son indicio de que la sociedad empieza a tomar conciencia de la violencia machista, al punto de presionar sobre el sistema judicial y obligarlo a tener en cuenta las estructuras que moldean las diferencias sexuales y todo el conjunto de desigualdades que conlleva”.
Pero distinguió que “no es la condena en sí lo realmente importante, sino el reconocimiento de que estas desigualdades existen”. Y destaca a la vez que “estas condenas a su vez potencian los procesos de cambio social feminista que estamos viviendo, al agrietar los mecanismos de reproducción del machismo y el patriarcado”. “No queremos más hombres en la cárcel, queremos una sociedad igualitaria en la cual las mujeres no sean víctimas de violencia por el hecho de ser mujeres”, cerró.
Con una mirada centrada en lo jurídico, la abogada Blanca Barreiro, también de Alta Gracia, se permite plantear un paradigma escéptico con el punitivismo. En esa línea, sostiene que “en el contexto de una política de aumento de castigo, me cuesta ver que una perpetua a un femicida sea un logro”. Y destaca que “no hay condena que le resuelva a esa familia la pérdida de esa joven”. “Es verdad que de pasar de considerar el asesinato de una mujer (que antes era crimen pasional) a femicidio, se está empezando a llamar a las cosas por su nombre. Pero el femicidio no debió ocurrir; ojalá el Estado hiciera algo para prevenir, no para castigar. El castigo es “ejemplar”, pero no está evitando femicidios”, culminó.
Ana Rosa Barrera (46), trabajadora de la Senaf, fue vista por última vez con vida la madrugada del lunes 29 de mayo de 2017, cuando salió de su casa de Los Cedros rumbo a un natatorio de la ciudad de Córdoba.
Marcelo Ferraretto, su pareja desde hacía una década, denunció la desaparición y hasta colaboró en la búsqueda. Pero su extenso relato en sede policial había sido inconsistente, y llamó la atención cómo encontró “de casualidad” el auto de Barrera, un Corsa rural blanco, “abandonado” en barrio Santa Isabel.
Más temprano que tarde Ferraretto se quebró, confesó haberla matado a golpes e indicó el lugar donde la había enterrado, a la vera de la ruta 5. La Cámara 11ª del Crimen lo condenó a prisión perpetua, por ser culpable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género.
Silvia Maddalena (37), odontóloga, fue hallada por su propio padre en el consultorio que había montado en el amplio local familiar de Alta Gracia. La profesional fue abusada y asesinada en mayo de 2018, cuando ingresó al local Héctor Abel Gómez, un albañil de 25 años que fue apresado días más tarde en Córdoba.
El inicio de la investigación fue difícil: no hubo testigos, la primera pista sobre un acosador se reveló falsa, y de nada sirvió el sistema de videovigilancia de la zona. Hasta que un incidente destrabó la pesquisa: la pareja de Gómez vio que el hombre tenía en su poder distintos efectos personales –a la postre se demostraría que eran de la odontóloga- y que tenía el rostro arañado.
La mujer no perdió tiempo en dar aviso a las autoridades, pero el hombre logró escurrirse, hasta que un control policial lo detuvo a bordo de un taxi en Sagrada Familia y La Rioja. La Cámara del 5a Crimen lo condenó a cadena perpetua, y su hermano, acusado de encubrimiento, salió en libertad condicional.
Las otras víctimas fatales de la violencia machista en Alta Gracia tienen nombre y apellido: son Silvia Costamagna; Verónica Presson; Valeria Villareal y Johana Altamirano.
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