privatizaciones

El 2026 comienza con altos vencimientos de deuda que Argentina deberá afrontar con reservas en rojo y sin el préstamo que prometió el tándem Bessent-JP Morgan. Las privatizaciones surgen como opción para pasar la gorra.

Este viernes se llevará adelante la apertura de las ofertas económicas. Estas ventas se enmarcan en las leyes que declararon sujetas a privatización a empresas estratégicas como Enarsa y Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Los diputados cordobeses de Unión por la Patria cuestionaron decisión del Gobierno Nacional de poner a la venta el 49% de la firma, considerada una pieza clave del sector energético nacional.

A través del Decreto 564/2025, Javier Milei autorizó la venta de las acciones de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, en el marco del proceso de privatización de compañías del Estado que viene llevando adelante.

Al igual que con Banco Nación, el Presidente firmó el decreto para la transformación de la empresa que hasta ahora era estatal. Durante el debate de la ley Bases, las provincias patagónicas rechazaron la incorporación de capitales privados, algo que el Gobierno ahora parece no tener en cuenta.

La información fue revelada por un influyente funcionario del Gobierno, ante periodistas. El vocero Adorni también lo mencionó en un tuit, que luego borró. El cierre de la Casa de la Moneda implicará el despido de sus cerca de 1.300 empleados.

Expusieron el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, y el vicejefe de Gobierno, José Rolandi; en medio de fuertes críticas de los legisladores de UxP, que junto a sus pares del FIT-U rechazan de plano la venta de la empresa.

Con la presencia de funcionarios nacionales, el tratamiento de la venta de la empresa de bandera se realiza en un plenario de las comisiones de Transporte y de Presupuesto. Están presentes el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y del secretario de Transporte, Franco Mogetta.

El Gobierno nacional privatizará en los próximos seis meses cuatro centrales hidroeléctricas en lo que resulta ser su primer paquete de concesiones. Las generadoras incluidas son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Diputados también aprobó una reforma del Estado, la privatización de nueve empresas, y una reforma laboral. Logró además, avanzar con la creación de un programa de grandes inversiones (RIGI), la reforma del impuesto de Bienes Personales, y la restitución de Ganancias para la cuarta categoría.

La sanción permitirá al Gobierno desprenderse de empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, AYSA, TV Pública, Radio Nacional, entre otras. En el listado, quedó excluido el Banco Nación.

El proyecto cosechó las firmas de 61 legisladores y tiene un listado de empresas a privatizar mucho más acotado, del que se retiró al Banco Nación y a todas sus subsidiarias. La iniciativa será tratada en una sesión especial que la Cámara baja celebrará el lunes 29 de abril a las 11.

El ajuste que se verifica en todos los terrenos del Estado acelera la discusión sobre el rol de los medios públicos. En el caso de la empresa de la Universidad Nacional de Córdoba, el debate, siempre soslayado, parece precipitarse.

No se privatizarían Fabricaciones Militares, VENG, los SRT de Córdoba y otras seis empresas más. Sin embargo, el Gobierno no negocia la privatización parcial de Banco Nación, Arsat, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas y los medios públicos (Telam y RTA).

La entidad expresó su oposición "rotunda" a las privatizaciones de las empresas públicas y en particular, a las posibles ventas del Banco Nación, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la Casa de la Moneda; impulsadas por el Gobierno.

LNM dialogó en exclusiva con el diputado cordobés integrante del nuevo bloque conformado –además del PJ local- por Pichetto, Monzó y la Coalición Cívica. Respecto a las privatizaciones, entre ellas Fadea y los SRT, dijo que “es necesario enviar una ley por cada empresa para ser tratada puntualmente”.

El Presidente presentó finalmente el paquete de leyes con el que pretende ajustar el Estado. Entre sus principales propuestas está declarar la emergencia pública y delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por al menos dos años.