Casanello había rechazado la posibilidad pero la Cámara entendió que la supuesta administración fraudulenta podría ser el "delito precedente" para el "lavado de activos".
Se trata de la inhibición general de bienes de Autopistas del Sol (Ausol), Grupo Concesionario del Oeste (GCO) y Abertis Infraestructuras, en una presentación realizada ante el juez Ercolini.
La UIF acusó a la empresa de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras a Mauricio Macri.
Además, exigió que "de corroborarse esta nueva prueba se dicte el procesamiento" de la ex presidenta Cristina Fernández.
El pedido hecho por el organismo es a raíz que la Cámara Federal aceptó como querellante a la UIF lo que ahora le permite solicitar medidas de prueba.
Ahora, se correrá vista a la Oficina Anticorrupción, también querellante en la causa que investiga el presunto lavado de dinero.
El Gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera, consideró que la excarcelación del ex vicepresidente fue arbitraria y debe declararse nula.
La juez federal Sebastián Casanello había resuelto que no había pruebas para procesar ni para sobreseer a la senadora por la causa conocida como "La ruta del dinero K".
