Así lo dispuso la Unidad de Información (UIF). El "Croata" Ivo Rojnica integra una red de agentes cambiarios que operan en el mercado ilegal.
Casanello había rechazado la posibilidad pero la Cámara entendió que la supuesta administración fraudulenta podría ser el "delito precedente" para el "lavado de activos".
Se trata de la inhibición general de bienes de Autopistas del Sol (Ausol), Grupo Concesionario del Oeste (GCO) y Abertis Infraestructuras, en una presentación realizada ante el juez Ercolini.
La UIF acusó a la empresa de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior e involucró en las supuestas maniobras a Mauricio Macri.
Además, exigió que "de corroborarse esta nueva prueba se dicte el procesamiento" de la ex presidenta Cristina Fernández.
El pedido hecho por el organismo es a raíz que la Cámara Federal aceptó como querellante a la UIF lo que ahora le permite solicitar medidas de prueba.
Ahora, se correrá vista a la Oficina Anticorrupción, también querellante en la causa que investiga el presunto lavado de dinero.
El Gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera, consideró que la excarcelación del ex vicepresidente fue arbitraria y debe declararse nula.
La juez federal Sebastián Casanello había resuelto que no había pruebas para procesar ni para sobreseer a la senadora por la causa conocida como "La ruta del dinero K".
FUNAM y el Campus Córdoba de los Premiados con el Nobel Alternativo informaron que presentaron Recurso de Reposición a la Justicia para que la acción judicial en defensa del árbol tricentenario pueda proseguir.
La empresa informó que mantendrá la traza de la ampliación de la avenida Padre Luchesse y trasladarán el árbol tricentenario, aunque tiene nulas probabilidades de sobrevivir. Vecinos y vecinas se convocaron para defender el ejemplar.
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Es con relación a mayo, según lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En tanto, la caída interanual fue del 0,5%.
Se movilizan desde la sede central, en CABA, en contra del decreto proyectado por el Gobierno que pretende que el INTI deje de ser un Instituto Nacional para convertirse “en una oficina técnica”. Hay 700 puestos de trabajo en peligro.