“Si Mestre no va al Concejo, el Concejo va a Mestre”, esa es la paráfrasis con la que los bloques opositores del Concejo Deliberante decidieron presentar una acción conjunta que los llevará al Palacio 6 de Julio para exigirle al intendente municipal una respuesta urgente sobre la situación actual del servicio de recolección de residuos en la capital provincial.
Según se han comprometido tras la reunión del legislativo local del jueves, los concejales de las bancadas Fuerza de la Gente, Unión por Córdoba, Vamos, Pensando Córdoba y Frente Federal de Acción Solidaria asistirán al municipio a las 7.30 del viernes esperando ser recibidos por Ramón Javier Mestre o por el Secretario de Servicios Públicos de su gestión, Pablo Farías.
La iniciativa es, a su vez, una respuesta a la negativa oficialista de permitir la interpelación de los funcionarios en el ámbito legislativo. A las críticas a esta altura tradicionales que la oposición viene lanzando en torno al manejo de la basura por parte de la administración radical, se le suma en las últimas semanas las declaraciones de uno de los responsables de COTRECO sobre una supuesta deuda municipal y una decisión de la empresa de modificar su composición accionaria a la hora de dar nacimiento a la UTE UrbaCórdoba, que debe hacerse cargo de una parte del servicio a partir del 1 de diciembre. En el medio de todo, la ciudad presenta una postal en la que las bolsas de basura se amontonan en cada esquina, con el consecuente riesgo sanitario que ellos conlleva.
“La democracia funciona cuando la oposición es escuchada por el oficialismo. En nuestro Concejo Deliberante hay un sinnúmero de pedidos de informe que nunca fueron escuchados. Al mismo tiempo los vecinos padecen la deficitaria prestación del contrato más caro de esta gestión hace ya demasiado tiempo”, señaló Victoria Flores, del bloque Pensando Córdoba.
En la sesión de hoy, los concejales Martín Llarena de Fuerza de la Gente y Tomás Mendez de Vamos, abordaron la problemática partiendo de un análisis de lo que entienden es un modo de funcionamiento de la gestión municipal. Llarena recordó que “ya tenemos una pésima experiencia con el antecedente de la licitación del transporte urbano de pasajeros donde se adjudica a una empresa que luego se la ahoga financieramente y se la obliga a ceder sus acciones a las otras empresas que estaban en la licitación y que a la larga se termina quedando con todo el sistema. En el transporte le tocó a Ciudad de Córdoba en favor de ERSA ahora estamos viendo la misma situación con Cotreco a favor o de Lusa o de Caputo. ¿En Córdoba hay un modo encubierto de adjudicar licitaciones a dedo?”. En ese sentido, Mendez advirtió que la licitación de la basura tiene los vicios del mecanismo de funcionamiento de la gestión que prioriza los negocios por sobre el servicio que debe brindar el municipio y por añadidura el principal perjudicado es el vecino.
Por su parte, desde un sector más cercano al oficialismo, la concejal Laura Sesma consideró que “la Municipalidad debe avanzar en la solución del problema y no esperar a que llegue el 1 de diciembre. Todos los días hay reclamos, todos los días hay algún problema, todos los días pasa algo que justifica que el servicio no se preste de modo correcto”, dijo a Radio Nacional. También fue tajante con sus expectativas en torno a la posible “solución consensuada”. “Hay que declarar la emergencia. Yo a COTRECO y a las promesas del SURRBAC no les creo porque hasta ahora nunca han cumplido”, señaló.
Desde Unión por Córdoba, Pablo Ovejeros advirtió que, de confirmarse la modificación en la composición accionaria de UrbaCórdoba, el municipio se encontrará en un grave problema ya que “la ordenanza que aprobó el pliego es sumamente clara y en su artículo 16 establece expresamente que está prohibida la transferencia de acciones que generen la posibilidad de reemplazo de operadores, es lo que está ocurriendo con COTRECO y es gravísimo porque implicaría que la licitación quede nula”.
Por su parte, el presidente de FFAS, Marcelo Pascual planteó la preocupación que existe entre los concejales por el tratamiento que ha tenido "todo el proceso licitatorio donde no se han resuelto cuestiones claves de fondo, como denuncias cruzadas entre los oferentes en cuanto a las aptitudes y solvencia".
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