Redacción La Nueva Mañana
A través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud, se dispuso una una actualización del 1,7% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
La medida, correspondiente a septiembre y que contempla el número de inflación oficial de agosto, fue oficializada en el Boletín Oficial este viernes, mediante la Resolución 3487/2026, firmada por el secretario Alejandro Vilches.
La disposición reconoce también “un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”.
Organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, prestadores, transportistas e instituciones vienen denunciando sistemáticamente que estos aumentos incumplen la Ley de Emergencia en Discapacidad, ya que no recomponen la pérdida real que viene sufriendo el sector desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en relación al aumento de los costos y el atraso acumulado en el nomenclador único que regula el sistema.
En ese marco, esta misma semana referentes del sector expusieron en un plenario de comisiones de Diputados el contexto de colapso que atraviesan, entre salarios que no se pueden pagar; centros de día, espacios terapéuticos y residencias que no se pueden sostener; prestaciones que se recortan; gastos en transporte que no se pueden cubrir y servicios que se deben interrumpir; lo que deviene en una pérdida de calidad de vida de las personas con discapacidad.
Paralelamente con el atraso de la actualización de los aranceles, denuncian demoras en los pagos de las obras sociales, PAMI e Incluir Salud, y la consecuente pérdida de profesionales, que se ven obligados a abandonar la prestación de servicios y recurrir a otros trabajos.
Mientras en Diputados se está debatiendo la posibilidad de prorrogar por un año la Ley de Emergencia (aprobada y ratificada por el Congreso, y resistida por el Gobierno) que vence a fines de diciembre, esta misma semana se conoció que en el proyecto de Presupuesto 2027 el Gobierno busca que las pensiones no contributivas sean incompatibles para quienes tienen un empleo formal en relación de dependencia o el monotributo (retomando la figura restrictiva de Pensión por Invalidez Laboral).
También pretende eliminar el nomenclador único, habilitando de esa manera que las obras sociales y las prepagas puedan disponer los aranceles y prestaciones en relación directa con los usuarios y sus familias, echando por tierra el carácter universal que tiene actualmente.
Además, buscaría el Gobierno reemplazar la actualización mensual y automática, atada al índice de precios al consumidor (IPC) para pasar a utilizar esquemas de aumentos trimestrales dispuestos por cada entidad de salud.
Estos cambios, advierten desde el sector, atacan las conquistas contempladas en la Ley de Emergencia en Discapacidad y generarían un fuerte perjuicio sobre el sector.
Fuente: NA + LNM
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