Redacción La NUEVA Mañana
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se expresó a través de un comunicado sobre el caso de la nena de 11 años embarazada de Villa Dolores que accedió a un aborto legal en la Maternidad Nacional de Córdoba.
En el escrito, el colectivo agradeció “a la Red de Profesionales de la salud por el derecho a decidir y a lxs profesionalxs que garantizaron la práctica” de la interrupción del embarazo, que en nuestro país es legal en dos causales que existen en el Código Penal desde 1921: “1) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2) si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido por el aborto”. Esta segunda causal fue ratificada y ampliada por la Corte Suprema en el fallo FAL de 2012, cuando determinó que se puede interrumpir un embarazo producto de una violación, sin que importe la salud mental de la persona gestante.
“El caso de la niña de 11 años de Villa Dolores – explica el comunicado - se enmarca dentro de la segunda causal del Código Penal y del fallo FAL, porque se trata de un embarazo producto de abusos sexuales cometidos por un allegado a la familia de la menor”.
De acuerdo a lo que señalaron desde la Campaña, “luego de acudir al dispensario de su zona (por presentar fuertes dolores abdominales), la paciente fue derivada al Hospital Regional de Villa Dolores para que pueda acceder a un aborto en un ambiente seguro y cuidado. De hecho, la institución cuenta con los medios y los profesionales, que estaban dispuestos a realizar la práctica. Sin embargo, intervino el Ministerio de Salud de la Provincia y el Portal de Belén para frenar el acceso a la interrupción legal del embarazo, aduciendo el amparo impuesto por la organización mencionada”.
Se trata de un amparo administrativo que desde hace 6 años impide la aplicación de la “Guía de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles”, al que la justicia de Córdoba dio lugar. “Fue por este obstáculo que la niña y su familia tuvieron que trasladarse 200 kilómetros hacia la Maternidad Nacional de la ciudad de Córdoba, donde la práctica está garantizada ya que dicho amparo no tiene jurisdicción por tratarse de una institución de salud nacional”, destacaron.
Los integrantes del colectivo expresaron su “repudio a la obstaculización impuesta por el Ministerio de Salud de la Provincia y su negativa a la garantía de derecho para el acceso al aborto no punible, el cual se encuentra amparado por el Protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE) en todo el territorio nacional”, pero que sin embargo sigue frenado en la Justicia.
En este sentido, consideraron que es “urgente” la necesidad de que “el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba se expida sobre el amparo y los procedimientos impuestos por el Portal de Belén para dilatar dicha sentencia” porque “no podemos seguir permitiendo una justicia que obligue a transitar embarazos no deseados a niñes y adolescentxs; así como tampoco nos parece justo obligar a personas que sigan poniendo en riesgo sus vidas porque el aborto clandestino continúa siendo posible en nuestro país”.
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