Desde junio, la Nación discontinúa los magros pagos a los CAJ y la Provincia aguarda una definición. La situación afecta a 1475 trabajadores cordobeses.
Política 21/08/2018 César Pucheta
Por: César Pucheta - Especial La Nueva Mañana
Los Centros de Actividades Juveniles nacieron en el año 2001 como una manera de palear las problemáticas educativas y de contención que experimentaban los adolescentes crecidos durante el neoliberalismo en nuestro país. A la crisis general se sumaron las diferencias expresadas en los establecimientos educacionales y la creciente distancia entre las culturas juveniles y la oferta curricular.
Esa fue una de las razones por las que este programa se puso en marcha con un eje central que se sustentaba en la idea de ofrecer actividades recreativas y complementarias al horario escolar que permitan que, tanto estudiantes como jóvenes de la comunidad, participen.
Con matices, retrocesos y avances, el programa y su espíritu aún se mantienen en la mayoría de las provincias argentinas. En otras, ya no existen.
Durante la primera parte del recorte que impulsó el ministro Esteban Bullrich cuando se hizo cargo de la cartera nacional educativa, ya sea por reducción de presupuestos, cancelación de convenios de cooperación o por estrategias de descentralización, algunos de los programas que habían sido apuestas centrales de las gestiones anteriores se resintieron de modo notable. Una gran parte de ellos incluso, directamente se discontinuaron.
Basta observar la situación actual de los docentes de las universidades que, ya sin Bullrich al frente de la cartera, mantienen paralizada la actividad de las altas casas de estudio en todo el país por los reiterados fracasos en la negociación paritaria.
Estamos en agosto. “Los aportes y los envíos de fondos se establecen en el contrato general que firma el Ministerio nacional con el provincial. Yo te diría que en los montos se han mantenido estables en el último tiempo, sucede que en el marco general puede que lo que esos dineros representan se haya devaluado un poco”, dice en diálogo con La Nueva Mañana Delia Provinciali, secretaria de Educación de la Provincia, al señalar que con una inflación anual cercana al 30% los aumentos de las partidas han sido prácticamente inexistentes.
“En los últimos años cambiaron los formatos, los estilos, las maneras para presentar proyectos y yo me animaría a decir que cambió el espíritu del CAJ. Lo formalizaron y lo incluyeron en la currícula de la escuela pero no adaptaron la currícula al lineamiento CAJ, sino que el proceso fue el inverso. Una cosa positiva que siempre tuvo el programa, por lo menos durante la gestión anterior, es que la lógica pedagógica era diferente”, sostiene Lucas Cucui, que trabaja en un proyecto de Radio CAJ en el I.P.E.T. N° 98 Luis de Tejeda de la ciudad de Río Tercero.
“El CAJ se presentaba como un espacio extracurricular que se planteaba habitar la escuela en momentos y con lógicas distintas a las habituales para darle a los chicos otras posibilidades y otras formas de relacionarse con la escuela”, agrega. Según su visión, pese a algunos aciertos que la gestión provincial ha tenido en materia organizativa (como la de limitar las áreas de trabajo a campos específicos), “la sensación es que se busca que los CAJ se cierren”.
“Nosotros tenemos la intención de que estos programas continúen porque vemos que hay muy buenas iniciativas y trabajos en muchísimos lugares de la provincia. Quizás hay algunos otros que necesiten una mejora y eso lo haremos con el acompañamiento institucional en cada una de las escuelas que lo requieran”, asegura Provinciali, pero advierte: “Las definiciones que el Ministerio nacional tome sobre el financiamiento y la continuidad de los programas no es algo que nos competa a las provincias. Nosotros defendemos la iniciativa, pero los que financian o no, son ellos”.
Durante algún tiempo, grupos de talleristas y coordinadores de los CAJ y otros programas similares se reunieron para elevar reclamos a partir de una situación general que entendían perjudicial, por un puñado de realidades problemáticas concretas.
Las iniciativas se fueron diluyendo por las faltas de respuestas y el deterioro de los espacios, pero se alcanzaron a poner de manifiesto cuestiones centrales y se denunciaron cambios que burocratizaron la estructura CAJ como la disminución de los rubros de potencial inversión del presupuesto, la limitación de cargas horarias y los pagos a los trabajadores que se convirtieron en ínfimos para los costos de vida actuales.
Hoy, el coordinador tiene que cumplir 12 horas reloj y cobra mensualmente (a contrafactura) $5200. Su contrato se renueva año a año y dependen, en gran medida, de los informes elevados por la dirección de cada una de las escuelas donde se desarrollan los talleres. El tallerista, por su parte, puede cobrar $2500 (full time/cuatro horas semanales) o $1250 (part time/dos horas semanales). En esa condición se encuentran alrededor de 1475 cordobeses.
Su trabajo depende casi exclusivamente del coordinador aunque, en realidad, se suelen conformar consejos institucionales integrados por representantes de los diversos sectores que forman parte de la vida académica de cada una de las instituciones, que deciden qué tipo de proyectos se pueden implementar en cada establecimiento. Allí se definen los criterios y se evalúan los curriculum de los talleristas.
Entre las denuncias de los trabajadores ante estas condiciones laborales, se destaca la realidad que les imponía una incómoda incertidumbre con respecto a la continuidad laboral. Provinciali aclara que la Secretaría constituyó un equipo técnico, que acompaña a las escuelas en el seguimiento y evaluación de los talleres que analizan el impacto en los alumnos y en la vida institucional de cada uno de los establecimientos educativos.
“Lo central de estos espacios es colaborar con la generación de una percepción de identidad, una manera que los pibes sientan ganas de tejer otro lazo con la escuela y estén dispuesto a ir al colegio por fuera de los horarios habituales para seguir aprendiendo sin que eso signifique si va a aprobar o no alguna materia”, afirma a la vez que reconoce que “no siempre se obtienen las respuestas necesarias”.
“Hay veces que no se logra convocar a la cantidad de chicos que se esperaba previamente, no se alcanzan los niveles planteados para que los objetivos tengan un impacto representativo para la unidad académica y la escuela siente que la instancia no colabora en mejorar la oferta académica de la escuela. Cuando eso sucede, es la dirección quien decide, previa evaluación del equipo directivo, dar de baja los talleres”, explica.
Las autoridades provinciales también advierten que quienes deciden afrontar la tarea de coordinar los talleres firman un contrato que tiene un comienzo y un final. Para la Secretaria de Educación de Córdoba, ese es un acuerdo de partes que no tiene características precarias per se sino que puede ser considerado precario si se compara con la estabilidad de un docente que tiene otra modalidad de ingreso y permanencia en la planta provincial, que responde a otras lógicas.
Frente al reclamo y la preocupación por el retraso en el cobro de los salarios, desde la cartera afirman que al tratarse de un programa que financia el Gobierno nacional, éste es el que fija los presupuestos y los salarios de los trabajadores que se ocupan de llevar a cabo las 300 iniciativas CAJ, que hoy se distribuyen a lo largo del territorio cordobés.
Hasta el momento, la administración local ha recibido los montos necesarios para hacer frente al pago de los coordinadores pero aclara que el pago de los talleristas y la adquisición de los insumos se solventa con lo que se conoce como el Fondo de Escuela, que es el dinero que reciben los establecimientos para costear las necesidades que surgen de la implementación de los programas. Esos fondos son administrados por los directivos de cada institución y son los que, al día de hoy, están demorados desde la órbita nacional.
“Nosotros estamos reclamando para que esos fondos lleguen en tiempo y forma pero no siempre las respuestas son positivas e inmediatas”, dice Delia Provinciali. “Sólo podemos administrar esos fondos y analizar la posibilidad de sumar más escuelas siempre y cuando las escuelas expresen la necesidad de contar con los talleres. Pero la Provincia no utiliza fondos propios para esto, ya que se trata de un programa nacional”, aclara sobre el mapa de responsabilidades. Según pudo relevar La Nueva Mañana, ningún tallerista cobró sus salarios después de mayo.
Con más de dos meses de atraso en la ejecución presupuestaria por parte del Gobierno nacional y con un Gobierno provincial no mucho más dispuesto a asumir nuevas responsabilidades económicas, la vida de los CAJ parece destinada a diluirse con el paso del tiempo.
Para Delia Provinciali, eso representaría la pérdida de un espacio “muy valioso”. Es que, según considera, el CAJ colabora en ir desarmando los dispositivos que antiguamente fueron pensados para una escuela “secundaria selectiva”.
Hasta no hace mucho tiempo, el paso por el colegio secundario era optativo en nuestro país, la Ley Federal estableció una obligatoriedad hasta el tercer año y desde el 2006, la Ley Nacional de Educación transformó el paso por la educación media como el final del trayecto educativo obligatorio.
“El modelo tradicional que resguardaba a la escuela secundaria para aquellos que quisieran cursarla y la pensaba como un espacio para la formación de elites y cuadros políticos todavía persiste en formas más aggiornadas. Nosotros tenemos que provocar las condiciones para el cambio cultural que necesitamos, para pensar la escuela secundaria en los parámetros de las nuevas leyes. Creo que el CAJ está pensado en ese sentido y le pone un piso al modelo”, asegura.
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