Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Dalmacio Mera, en la entrevista que mantuvo con La Nueva Mañana al referirse al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Política 17/07/2018 Daniel Salazar
La Cámara Alta fue escenario del comienzo de las audiencias públicas en las que, a lo largo de todo el mes de julio, se escucharán cerca de sesenta expositores sobre el proyecto de despenalización del aborto.
En ese marco, el senador catamarqueño de la Alianza Frente para la Victoria Dalmacio Mera, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, una de las que componen el plenario donde se debate el proyecto que tiene media sanción de la Cámara baja, se refirió a la influencia que pueden ejercer diferentes grupos y señaló que aún no hay nada definido sobre la aprobación o no de la iniciativa.
¿Qué evaluación hace de la primera semana de audiencias públicas?
Hemos escuchado importantes expositores que con una vocación por aprobar la ley unos, otros por modificarla y otros por el rechazo absoluto, han mostrado sus posturas sobre un proyecto que es complejo en muchos sentidos, entre otros porque tiene varios temas que algunos hacen a la salud, otros al tema específico del ejercicio profesional de los médicos, otros que tienen que ver con el tema penal, otros vinculados a la interpretación constitucional. En ese sentido hemos tenido una gama diversa de presentaciones que van enriqueciendo el debate y que vamos a seguir a lo largo de todo el mes de julio.
¿Usted cree que las exposiciones pueden desbalancear para un lado o para otro sentido la opinión de los senadores?
En muchos casos supongo que sí porque la complejidad del tema y por las distintas aristas y los distintos tópicos que toca el proyecto con media sanción de Diputados. Hace que escuchar a los expositores, que son de primer nivel en muchos casos, sea central para reafirmar posturas, miradas y posiciones, o para reverlas.
Hablando de las influencias, ¿cuánto influye la posición de la Iglesia y de otros credos religiosos en la definición de este tema?
Lo lógico que debe influir, lo mismo que pueden influir los pañuelos verdes o los pañuelos azules. Los credos naturalmente tienen toda la responsabilidad y la posibilidad de dar su opinión y sobre todo en un tema de tanta existencialidad como es éste. Se habla de vida y muerte, algunos hacen más eje en la vida de la madre y otros lo hacen en las dos vidas, pero en definitiva ninguno desconoce que estamos hablando de vida o muerte. Cualquier credo por la propia libertad de expresión que consagra la Constitución Nacional y por la propia libertad de cultos, casi que me suena más que es obligatorio que tengan una posición a que no tengan ninguna.
¿Considera que hay clima en el Senado para darle cabida a los proyectos alternativos que alcancen un mayor consenso o directamente la taba ya está echada para aprobar o frenar el proyecto que viene de Diputados?
Podría ser o no. En definitiva es la discusión que cada senador va a ir planteando, ya sea a través de los expositores o en el tiempo que discutamos estrictamente desde el plenario, y con los integrantes del plenario el dictamen final. Así que eso se va a ver a lo largo del debate y el día del dictamen.
Como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales ¿qué opinión tiene sobre la constitucionalidad del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que tiene sanción de Diputados?
Yo le veo conflictos, lo dije desde el primer día que llegó el proyecto de Diputados y que lo pude ver con detenimiento, lo veo muy reñido con la Constitución Nacional. Entre los disertantes que hemos tenido hubo algunos que plantearon la justificación de porqué no es inconstitucional y hubo muchos otros que plantearon su inconstitucionalidad. Me quedo siempre o me pongo más en modo de poder aceptar opiniones que no son como las mías, porque si no estaría hablando conmigo mismo y en estas dos versiones la expresión de que no sería inconstitucional, a pesar de ser juristas reconocidos los que lo plantean, no le he encontrado solidez en la justificación. Cuando uno tiene que recurrir mucho a normas interpretativas para justificar lo que la Constitución claramente establece, a mi criterio empiezan a flaquear un poco los argumentos.
La semana pasada comenzaron las exposiciones en el plenario de Comisiones de Salud, Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado con vista a la votación del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo el miércoles 8 de agosto.
En este sentido, según lo acordado en la primera reunión plenaria, el eje de la discusión es el proyecto que obtuvo media sanción en Diputados el pasado 14 de junio, que tuvo como base el presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito y que es el único que aborda la despenalización y la legalización. Sin embargo, se incluyen también otras iniciativas, tres que ya fueron ingresadas a las comisiones y un cuarto proyecto alternativo que corresponde a los tres senadores de Córdoba que, según confirmaron a La Nueva Mañana fuentes cercanas a los legisladores, presentarán antes del 1 de agosto, fecha prevista para la firma de los dictámenes que habilitarán que los proyectos sean incorporados al orden del día para el tratamiento en el recinto siete días después.
El presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), impulsa dos de las tres alternativas. La primera, de su propia autoría, solo propone modificar el artículo 88 del Código Penal manteniendo las penas de 1 a 4 años para “la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare”. La modificación de Pinedo consiste en “reducir la pena a la mujer al mínimo legal en atención a su edad, su educación, la calidad de los motivos que la determinaron a actuar, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, y las consecuencias lesivas que hubiese sufrido como consecuencia del hecho”.
El segundo proyecto, que Pinedo presentó junto a la senadora fueguina Miriam Boyadjian, titulado “El Estado se hace cargo y te acompaña” crea un programa a través del cual “el Estado Nacional se hará cargo por sí o por intermedio de terceros del control, seguimiento y asistencia médica, sanitaria y, de ser necesario, de habitación y alimentación, de las mujeres embarazadas que decidan no asumir al momento de su nacimiento la crianza y patria potestad de sus hijos por nacer, a los fines de salvaguardar la integridad tanto de la mujer embarazada como del niño por nacer y velar por el interés superior del niño”, dice el artículo 2 del texto.
El programa obliga a las mujeres con un embarazo conflictivo a llevar la gestación a término para luego asegurar la adopción en múltiples formas.
Por su parte, el senador del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra presento el proyecto de “Ley especial sobre protección de la mujer con embarazo no deseado” que modifica la ley de adopción para generar procesos de adopción sumarísimos en los casos de mujeres que no deseen continuar con la gestación “a partir de que la mujer tome conocimiento de su situación de embarazo”. La iniciativa aplica para “menores de 13 años”, “mujeres embarazadas producto de una violación”, “adolescentes entre 13 y 16 años”, y “mujeres con embarazos no deseados”.
Finalmente, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez (Cambiemos) y Carlos Caserio (Unión por Córdoba) están elaborando un despacho alternativo, que será presentado el 1 de agosto, con modificaciones al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo aprobado en Diputados.
Si bien los tres senadores cordobeses manifestaron su postura a favor de la despenalización del aborto, coincidieron en que la media sanción de la Cámara baja debe modificarse en algunos puntos que son de vital importancia, expresaron en un comunicado. En este sentido señalaron discrepancias con el artículo que plantea la objeción de conciencia profesional, buscando que se amplíe la objeción de conciencia a las instituciones; el plazo límite de 14 semanas para interrumpir el embarazo, reducirlo a 12 semanas, entre otros.
Por ahora, el proyecto tal cual fue aprobado en Diputados no tiene mayoría asegurada y los legisladores cordobeses dicen que esta iniciativa sería la salida para su aprobación.
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