Redacción La NUEVA Mañana
Pasó por Córdoba la Marcha Federal por la Unidad que comenzó este lunes. Movimientos sociales desde distintos puntos del país, se movilizan para confluir el 1 de junio en el Congreso Nacional.
En la capital cordobesa exigieron una Ley provincial de Economía Popular y concentraron desde las 10 en la esquina de Colón y General Paz, en pleno centro de la ciudad, para luego marchar hacia la Plaza San Martín, donde cerraron con un acto, un festival y ollas populares.
Junto a las organizaciones locales, marcharon delegaciones de la región del NOA y de Cuyo que seguirán camino para reunirse todas juntas el viernes 1 de junio en Buenos Aires.
En Córdoba participaron de la concentración la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, la central sindical CTA-A, ATE, Movimiento Evita, Carlos Mugica, EO-Encuentro de Organizaciones, MTE, MP La Dignidad, La Poderosa, La Esperanza, Libres del Sur, PTP, Patria Grande, FOB, FOL, MTR, y FPDS.
“La Marcha Federal es una oportunidad de continuar construyendo unidad de las diversas organizaciones gremiales y sociales que resisten la política del Gobierno y la brutal transferencia de recursos que esta gestión está imponiendo desde el sector asalariado hacia los sectores más ricos de la sociedad”, expresaron desde la delegación Córdoba de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA- Autónoma).
Durante el acto de cierre se presentaron los puntos más importantes para una Ley provincial de Economía Popular, principal reivindicación local, que busca garantizar derechos laborales (obra social, jubilación, vacaciones y paritarias) a los trabajadores del sector, fortalecer sus producciones y favorecer su comercialización.
La Ley provincial de Economía Popular, se suma a los reclamos nacionales por una Ley de emergencia alimentaria, una Ley de infraestructura social, una Ley de Integración Urbana, una Ley de acceso a la tierra, la declaración de la emergencia en adicciones, el freno a los despidos y los aumentos de las tarifas de los servicios públicos y el cese de la represión y criminalización de la protesta social.
