Redacción La NUEVA Mañana
Este viernes 11 de mayo se conocerá el fallo del megajuicio por los acuartelamientos policiales ocurridos los días 3 y 4 de diciembre de 2013 en la ciudad de Córdoba.
El proceso se lleva a cabo en tribunales provinciales, en la Cámara 12ª del Crimen, presidida por Gustavo Reinaldi, e integrada por Gabriela María Bella y Mario Capdevila como jueces técnicos, con jurados populares.
La acusación estuvo a cargo del fiscal de Cámara, Mariano Antuña, y del fiscal Raúl Garzón, quien investigó los hechos. La fiscalía solicitó condenas para 53 de los 56 uniformados que fueron sentados en el banquillo de los acusados por participar en la "huelga" que sumió a la ciudad en una ola de caos y saqueos.
Los efectivos se acuartelaron por reclamos salariales y consecuencia de la inseguridad en las calles la protesta dejó como saldo un muerto, centenares de heridos, numerosos comercios y viviendas saqueadas.
Fuentes judiciales anticiparon que será posiblemente en horas de la tarde, luego de que se escuche la palabra de los dos últimos policías que deben expresar su postura, cuando se dicte la sentencia.
La Cámara 12ª del Crimen tiene previsto la deliberación de los jurados populares y jueces para adoptar una decisión definitiva que, seguramente, encontrará responsabilidades en la mayor parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad.
Antuña reprochó la conducta que tuvieron los policías al sostener que “decidieron no cumplir con su función policial”, dejando sin seguridad a los ciudadanos, y que “Córdoba se había convertido en la ciudad del vale todo, pero no todo vale”, dijo al manifestar su desacuerdo con la sublevación en condición de funcionarios públicos.
Vale recordar que en las audiencia efectuadas hubo numerosos testimonios que convalidaron la participación de otros policías que no se encuentran procesados, como el ex jefe de Policía, Julio César Suárez.
Además, el presidente provisional de la Legislatura y ex ministro del Gobierno de José Manuel De la Sota, Oscar González, confirmó durante su testimonio que las autoridades nacionales de ese entonces no otorgaron la respuesta que solicitaron para contener la situación que tuvo en vilo a la ciudad de Córdoba esos días.
Para el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, quien defiende a la mayoría de los acusados, quienes están sentados en el banquillo de los acusados son “56 perejiles” que “no podrían haber organizado semejante caos”. Están acusados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad, aplicación indebida de los caudales públicos e incitación de cometer delitos".
Notas relacionadas:
