El secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fernando Sánchez, justificó la decisión del Gobierno de vetar el proyecto opositor de tarifas en caso de que sea convertido en ley por el Senado, al plantear que se trataría de "un acto de responsabilidad" del presidente Mauricio Macri.
"Aprobar un proyecto de ley que no dice de dónde van a sacar 200 mil millones de pesos, es un acto de irresponsabilidad enorme", sostuvo Sánchez en diálogo con Télam al cuestionar la iniciativa aprobada ayer en Diputados por 133 votos a favor, 94 en contra y 3 abstenciones, que retrotrae las tarifas de servicios públicos a noviembre de 2017 y ata su evolución a los salarios y al Índice de Precios Internos al Mayor.
"Sí, es un acto de responsabilidad del Presidente", respondió el funcionario cuando fue consultado sobre la posibilidad de un veto del Poder Ejecutivo al proyecto, en caso de que sea sancionado por el Senado a instancias de la oposición.
En este sentido, sostuvo que el Gobierno "no cometerá el mismo error que cometió el gobierno anterior de no haberse preguntado durante años de dónde iban a sacar la plata para pagar los subsidios".
"Hay una Oficina Nacional de Presupuesto de Congreso que es técnica y que calcula los impactos presupuestarios para discutir a ciencia cierta cuánto cuesta y de dónde lo vamos a pagar", dijo Sánchez para fundamentar su rechazo al proyecto.
En ese marco, agregó que el gobierno cuenta con "una política de reestructuración gradual de tarifas" que la aplica "teniendo cuidado de las economías domésticas".
No obstante, admitió que "una familia tiene razón en ponerse en alerta por ver modificado el valor de las tarifas".
En ese sentido, aclaró que los hogares con tarifa social "están claramente cubiertos" y en el caso de los hogares "de medianos ingresos para arriba, si uno hace cuidado del consumo, puede pagarse".
"Hay que mirar cuando uno vota el Presupuesto", advirtió a los diputados al recordar que el debate del cálculo de gastos y recursos aprobado a fines del año pasado contó con la participación de los bloques de la oposición.
En este sentido, precisó que la ley de administración financiera establece al respecto que, cuando el endeudamiento proviene de un organismo internacional donde Argentina es miembro, "no necesita autorización explicita del Congreso".
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