Los bloques opositores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados consiguieron este miércoles dictamen para avanzar con el proyecto que propone actualizar las tarifas de luz, gas y agua, de acuerdo con la variación de los salarios. De esta manera, la propuesta quedó en condiciones de ser tratada en el plenario del cuerpo.
Al respecto, Diego Bossio, el primer orador de Argentina Federal, bloque autor del proyecto, afirmó en su discurso que el aumento de tarifas "es un problema de la sociedad argentina, de las familias y de las pymes" y rechazó que fuese "una discusión de poder" porque el debate "lo trajo la coalición gobernante". "Macri dice que no es mago, ¿hace magia una pyme, una clínica o una familia?", disparó el diputado, quien aclaró que su bancada "no está en contra de las cuentas equilibradas" y que su postura "no es desde la demagogia".
Luego fue el turno de Marco Lavagna, del massismo, también autor de la norma, quien le pidió al oficialismo que dejara en claro si "están a favor o en contra de que las tarifas suban más que los salarios". También se mostró dispuesto a discutir las objeciones técnico-legislativas que presentó Cambiemos.
Por el lado del Gobierno, Eduardo Amadeo realizó una férrea defensa de la postura oficial: "Tenemos un país pobre por la constante derrota de la construcción de futuro contra el presente. Esto es parte de un país nuevo que queremos hacer".
También desmintió que el 90% de los usuarios vaya a recibir facturas de entre 20 mil y 40 mil pesos y afirmó: "No nos olvidamos de los pobres. Contamos más a los ricos para subsidiar la tarifa social. Nos vamos a hipotecar el futuro de la Argentina".
La propuesta que presentaron UNA y Argentina Federal tiene tres ejes principales. Por un lado, que las tarifas de luz y gas para las residencias de familias no puedan subir más que los salarios y tengan estabilidad por 12 meses. Luego, que los aumentos para las pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas no sean mayores al índice de precios mayoristas del Indec. Y por último que para los clubes de pueblo, barrio y entidades de bien público se implemente un sistema de tarifa social en el que paguen solo el 20% del valor de la factura.
Asimismo, plantea que "las empresas proveedoras de servicios deberán generar un crédito a favor del usuario si las tarifas a partir del 1° de noviembre de 2017 aumentaron más que el índice de precios mayoristas del INDEC o que los salarios", que se le elimine la alícuota especial de 27% de IVA para consumo de servicios públicos de pymes y se prohíba la creación de nuevos impuestos a los servicios públicos.
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