La oposición sospecha que el Gobierno quiere privatizar EPEC

Por: Gastón Gracia Daponte - La Nueva Mañana.

A raíz de un proyecto del interbloque Cambiemos que tenía debate obligatorio en la Unicameral de la provincia de Córdoba, se produjo un extenso debate acerca de la situación de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC) luego que sus autoridades -por decisión del gobernador Juan Schiaretti- denunciara el Convenio Colectivo de Trabajo para aplicar un ajuste por 1.100 millones de pesos al que todo el arco defendió y realizó una cerrada defensa de las condiciones de los trabajadores de la empresa de energía estatal y advirtieron la posibilidad de que el gobierno de Unión por Córdoba avance -como en 2001- hacia la privatización de la cuarta empresa de energía del país.

El interbloque cambiemos había citado el año pasado al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y por su intermedio al Sr. Secretario de Desarrollo Energético, Edgar Castelló y al Sr. Presidente de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), Luis Giovine, para que concurrieran al seno de la Comisión de Agua, Energía y Transporte de la Legislatura de Córdoba, para brindar explicaciones acerca de la situación contable-financiera de EPEC, cuadros tarifarios, composición de la facturación del servicio de energía, balances de la empresa y en general toda cuestión vinculada a la política energética de la provincia.

La iniciativa que estaba en el orden del día tenía el tratamiento obligado sobre tablas, situación que fue aprovechada por todo el arco opositor para expresarse en el marco del conflicto que el gobierno de Juan Schiaretti mantiene con el gremio de las EPEC y el Sindicato de Luz y Fuerza al plantear la necesidad de discutir el convenio colectivo de los trabajadores de la empresa estatal para reducir el gasto en alrededor de 1.110 millones de pesos.

El legislador del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros fue el encargado de abrir el debate en el que aseguró que “si nosotros analizamos los últimos tres años de los balances contables de la empresa demuestra que genera ingresos operativos, el negocio de distribución de energía si le genera ganancias pero también perdidas financieras lo que hace que tenga necesidad de incrementos tarifarios muy por encima de la inflación lo que evidencia el desmanejo financiero”.

En este sentido remarcó que el aumento de tarifas en este servicio es consecuencia del Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el adicional que cobra EPEC sobre la energía que compra con aumentos muy por encima de los índices inflacionarios de los últimos siete años llegando a incrementos del orden del 581%, cuando la Dirección de Estadística de Córdoba marca una inflación de poco más del 400% en igual período de tiempo.

En este contexto Quinteros manifestó al comienzo del debate que “si estamos discutiendo esto es porque EPEC nunca mostró los números, hay una veintena de pedidos de informes que no contestaron, me parece una perversidad lo que está haciendo el gobierno de Córdoba, la idea de este gobierno cuando comenzó era privatizar EPEC, el Banco de Córdoba y la Lotería, como se quería privatizar la empresa la ley 8835 tuvo un capítulo especial del marco regulatorio de la energía”.

Por su parte la legisladora Carmen Nebreda del bloque Córdoba Podemos manifestó que “lo hoy no se está discutiendo EPEC, hoy se está discutiendo el cambio del Convenio Colectivo de los trabajadores en medio tarifazos, hay una hipocresía muy grande, quien puede creer que el desmanejo de EPEC se debe a las comisiones que cobran los trabajadores, es un problema de administración, de política de la empresa, realmente creo que vuelven a la carga, hoy quieren cambiar el convenio que tiene principio de progresividad, debería ser mejor que el que tienen sino será declarado inconstitucional” y le pidió al gobernador Juan Schiaretti que baje el cuadro de Agustín Tosco que tiene en su oficina.

A su turno, Eduardo Salas, presidente del bloque de Frente de Izquierda y los Trabajadores  acusó al gobierno provincial de “estar buscando un grave conflicto social, se la pasan echando leña al fuego, para que se enfrenten los trabajadores, denuncian el convenio y en forma ilegal ponen al Ministerio de Trabajo de la Provincia, es decir juez y parte, una provocación, en el medio manda el proyecto para ingresar por concursos a EPEC, otra provocación. Le mienten a la población, no va bajar un céntimo la tarifa de EPEC con la modificación del convenio colectivo de trabajo”.

“El convenio de EPEC no tiene privilegios, no hay que tocarlo, hay que ver si se mejora para arriba no para abajo, están abriendo la puerta a la privatización o a lo que venga, han montado una campaña de desprestigio de los trabajadores para dejar manos libres a los choros a los vaciadores y advirtió que no ensucien más a Tosco” finalizó el legislador Salas.

Aurelio García Elorrio, presidente de bloque de Encuentro Vecinal Córdoba advirtió que el convenio de EPEC no quiere decir que este mal, ojala que todos los sindicatos hubieran levantado la vara en protección de sus trabajadores, las medidas del gobierno nacional desnudaron las falencias de EPEC que es una de las mejores cosas que tenemos para mostrar con un sindicato que supo defender sus derechos”.

En igual sintonía, la legisladora Liliana Montero señaló que “no es el convenio colectivo, esa es la excusa que le está poniendo el gobierno a la ciudadanía, ese no es el problema, el problema es la corrupción intrínseca de la empresa durante todos estos años, es la central de Pilar, son los 106 millones que gastó en publicidad cuando aquí se aprobó un fondo para las campañas de todos  los partidos políticos por 100 millones” y señaló el decreto presidencial 882 que habilita la disolución de ENARSA (Energía Argentina S.A.) para crear otra que maneje la venta de energía, “sabe quién tiene acciones en ENARSA.... EPEC, lo que no pudieron hacer en el 2001 lo quieren hacer ahora, es vergonzoso que el peronismo republicano vuelva a arremeter de nuevo contra las empresas del estado, ya la vimos la política con sindicalistas presos con un fiscal cómplice, Sandoval, no me olvido más, son los mismos actores de los 90”.

En representación del bloque kirchnerista, el legislador Franco Saillén adelantó “que la decisión de avanzar en los convenios colectivos es iniciativa de (Mauricio) Macri porque son inviables, acá no hay nadie más para echarle la culpa, es una vergüenza, nosotros le decimos a los trabajadores que estamos a la altura de las circunstancias para salir a la lucha”.

Su compañero y presidente de bancada, Martín Fresneda dijo "estoy de acuerdo con el legislador Salas, pocas veces estoy de acuerdo pero no me queda otra, pareciera que quieren conflicto, este plan de ajuste primero empieza por un eslabón que ustedes ven que es débil, me recuerdan a Dromi hablando en contra de las empresas estatales para que vengan las privatizaciones".

El cierre del debate estuvo a cargo del vicepresidente de bloque de UPC, Carlos Presas quien aseguró que "el gobierno está para tomar decisiones, se eliminó el impuesto al fuego, nosotros queremos defender al usuario de carne y hueso que están padeciendo la tarifa que con el marco del fondo compensador vamos a tener la misma tarifa en todos lados, nosotros tenemos que buscar las soluciones, en esto nos vamos a poner al frente como lo ha hecho el gobernador de la provincia de Córdoba, nosotros queremos dar una respuesta en serio para resolver esos problemas definitivamente no es en contra de los trabajadores, quiero decirles en nombre del bloque de Unión por Córdoba a las 9:30 de la mañana en la Sala Regino Maders, les suena ese nombre, un Senador que dijo muchas cosas de EPEC con el Ministro al frente y su equipo vamos a trabajar conjuntamente para hablar de todo de esa empresa a pedido de ustedes para hacer una empresa mas fuerte y eficiente".

De esta forma los proyectos en discusión pasaron a comisión donde serán contestados por el Ministro de Agua, Ambiente y Energía y su equipo y se despejarán las dudas de los legisladores para luego aprobar por la tarde durante la sesión ordinaria los proyectos del Ejecutivo referidos a los concursos en la administración pública y la conformación de la Comisión Técnica de Garantías contemplada en la ley 10.461 para garantizar la prestación de los servicios esenciales.

Además, los parlamentarios opositores recordaron que entre otras cuestiones, la construcción de la Central Pilar del Bicentenario, con un costo de 565 millones de dólares generando un millonario endeudamiento en la moneda extranjera comprometiendo las finanzas de la empresa por decisión del propio Gobierno provincial.

Los legisladores de la oposición realizaron una defensa cerrada del Convenio Colectivo  de los trabajadores que ayer denunció el directorio de EPEC para avanzar en modificaciones sustanciales. Para esto, el viernes de la semana pasada las autoridades de empresa estatal de energía denunció el convenio ante el Ministerio de Trabajo de la provincia a cargo de Omar Sereno amparados en el artículo 15 de la ley 8.329, que manda a esta cartera a convocar a las partes para debatir un nuevo acuerdo o reformas parciales.

Concretamente lo que el gobierno busca ajustar es el costo que le ocasionan a la provincia los cuatro puntos del convenio colectivo de trabajo, la electricidad gratuita para los empleados, las vacaciones extendidas, el pago durante más de un año de las enfermedades inculpables y los aportes al fondo compensador sindical que entre los cuatro puntos requieren un gasto de 660 millones de pesos. Los restantes 400 millones se ajustarían a través de la reducción de las horas extras, suplencias, viáticos y otros ítems. Para justificar el recorte voceros del Centro Cívico aseguran que esta cifra  alcanzaría para pagar un mes de la compra de energía a Cammesa.

El Ministerio en cuestión se declaró competente para abocarse a la denuncia del convenio colectivo de trabajo 165/75 de Epec y dispuso convocar a la conducción de la empresa y a los sindicatos de Luz y Fuerza de Córdoba, Río Cuarto y Villa María a una audiencia de apertura del próximo lunes a las 16.

Previendo una escalada en el conflicto con el gremio más combativo de la provincia, el gobernador Juan Schiaretti decidió reglamentar la ley 10.461 sancionada el 14 de junio del año pasado en la que se declara y garantiza la prestación de los servicios esenciales entre los que se encuentra la energía eléctrica. La iniciativa, que estaba presentada en la Unicameral, fue convertida en ley luego de un irracional y extenso conflicto en el trasporte urbano de pasajeros que dejó durante casi dos semanas sin movilidad a los usuarios de la ciudad de Córdoba.

Según los plazos que estipula la ley 8329 en la que el gobierno se basó para denunciar el Convenio Colectivo de Trabajo a través de las autoridades de EPEC para ajustar unos 1.110 millones de pesos en la empresa estatal, el conflicto debería resolverse si no se extienden los plazos el 19 de octubre cuando hayan vencido todos los plazos previstos en la norma que acumulan 125 días hábiles luego de los que será la justicia la que deba resolver la situación en caso de no llegar a un acuerdo.