Redacción La Nueva Mañana
El fiscal Eduardo Taiano rechazó la reapertura de la causa $LIBRA y cuestionó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para asumir el caso. En un comunicado, defendió la absolución de Javier y Karina Milei, los principales acusados de la presunta criptoestafa. El juez Marcelo Martínez de Giorgi debe decidir si respalda a Taiano o continúa la investigación
“Como Fiscal interviniente durante toda la sustanciación del proceso, es que sostengo el criterio propugnado al momento de solicitar el sobreseimiento de los nombrados en estas actuaciones”, expresó el fiscal en un escrito, luego de los cuestionamientos que generó el cierre acelerado del expediente.
Taiano, quien apartó a los querellantes antes de dictaminar que los funcionarios de alto mando no estarían involucrados en la caída del activo digital que se retiró del mercado minutos después de la promoción de Milei, decidió el 22 de octubre dar por finalizada la investigación. En esa instancia, pidió sobreseer al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a los otros nueve imputados.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó la solicitud del fiscal y cerró el caso. Sin embargo, el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, planteó que esa decisión fue “prematura” y pidió asumir el ejercicio de la acción penal. Ahora, será Martínez de Giorgi quien defina si acepta la postura de la PIA y reabre la investigación, o si sostiene el planteo de Taiano y reafirma el sobreseimiento de los imputados.
En el escrito, el fiscal consideró “sorpresiva” la presentación que cuestiona los fundamentos del sobreseimiento, ya que la fiscalía especializada en corrupción tuvo acceso al expediente sólo entre el 10 de marzo y el 10 de septiembre de 2025 y no debía conocer los pormenores de la causa.
También apuntó que la conclusión a la que arribó Rodríguez es “desacertada”, dado que “no pudo compulsar los elementos probatorios cargados a estas actuaciones desde el 2025” y sus fundamentos “están basados en, citando sus palabras, afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.
“La postura sustentada por la PIA constituye una mera discrepancia sobre la valoración del material fáctico recabado, pretendiendo perpetuar una instancia de instrucción ante un cuadro manifiesto de atipicidad que no permite imputarle a ninguno de los funcionarios públicos las conductas denunciadas, como así tampoco determinar la existencia de algún perjuicio a las arcas del Estado”, enfatizó.
Sin embargo, aseguró que su Fiscalía “no formula objeciones de índole procesal en cuanto a la admisibilidad formal de la vía intentada”.
Fuente: NA
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