Redacción La Nueva Mañana
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió un comunicado a través del cual advierte sobre un "riesgo concreto para la libertad de expresión" que está incluido dentro del proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso, en medio de su repentina "malvinización".
Alerta Fopea que ciertos puntos que se amparan en la premisa del legítimo reclamo por las Islas Malvinas y la necesidad de proteger la limpieza de los procesos electorales, podrían ocasionar un "retroceso en la discusión libre, penalizar el ejercicio legítimo del periodismo y limitar la crítica política y de asuntos de interés público".
En particular, apuntan al Título VI, que incorpora el artículo 225 bis al Código Penal, que establecería la represión con prisión de 5 a 12 años (y de 8 a 15 en supuestos agravados) a quien, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
Tras aclarar su manifiesto compromiso con la lucha contra la desinformación y las operaciones de injerencia extranjera destinadas a distorsionar el debate público, Fopea advierte que la redacción del artículo 225 bis propuesta por el PEN presenta un "riesgo cierto para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión".
Alerta que la descripción de la conducta típica del delito como “manipular la opinión pública” y la descripción de “desinformación” carecen de la precisión que exige la materia penal; ya que no se delimita con claridad qué conducta se castiga y deja un margen amplio para que la norma sea aplicada de manera discrecional.
"La experiencia comparada muestra que normas de este tipo, presentadas bajo la bandera de la soberanía o la seguridad nacional, terminaron utilizándose para castigar el disenso, desalentar la crítica periodística y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en distintos países de la región y de Europa del Este", señala el comunicado.
En virtud de ello, Fopea sugiere que es conveniente una modificación de esta redacción, compatibilizándola con la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos e insta al Congreso a separar el tratamiento de este artículo del proyecto de soberanía y a "revisar su redacción con participación de organizaciones de prensa y de derechos humanos, incorporando una definición taxativa de las conductas que se pretende sancionar y una cláusula expresa que excluya de toda responsabilidad penal a la difusión de opiniones, informaciones o críticas amparadas por la libertad de expresión".
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