Redacción La Nueva Mañana
El debate se presenta como uno de los principales desafíos legislativos del Gobierno, que busca consolidar su agenda de reformas económicas y de desregulación antes del cierre del período parlamentario. Foto: NA
El Gobierno nacional intensifica las negociaciones en el Senado para conseguir la aprobación del proyecto de reforma de la Ley de Tierras, una iniciativa incluida en el paquete denominado de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada".
Mientras continúan las negociaciones contrarreloj, el oficialismo confía en alcanzar los acuerdos necesarios para llevar el proyecto al recinto en los próximos días. El debate se presenta como uno de los principales desafíos legislativos del Gobierno, que busca consolidar su agenda de reformas económicas y de desregulación antes del cierre del período parlamentario.
En ese marco, con el objetivo de sumar apoyos, la Casa Rosada aceptó introducir modificaciones en el texto original, luego de los cuestionamientos planteados por legisladores dialoguistas y sectores de la oposición.
Uno de los principales cambios consiste en elevar del 15% al 25% el límite permitido para la tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. Además, el cálculo dejaría de realizarse por municipios o departamentos y pasaría a medirse sobre la superficie total de cada provincia, una modificación que amplía el margen para futuras adquisiciones de capitales extranjeros.
El nuevo borrador también elimina restricciones establecidas por la legislación vigente, como los topes de superficie que puede adquirir un mismo titular extranjero y las limitaciones vinculadas con la nacionalidad de los compradores. Según el oficialismo, estas modificaciones buscan incentivar inversiones y otorgar mayor seguridad jurídica a los propietarios.
La iniciativa genera fuertes críticas de sectores opositores y organizaciones que advierten sobre el riesgo de profundizar la extranjerización de la tierra y reducir los controles estatales sobre un recurso estratégico. Desde distintos bloques sostienen que el proyecto flexibiliza excesivamente la normativa vigente y podría facilitar la concentración de grandes extensiones rurales en manos de capitales extranjeros.
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