Redacción La Nueva Mañana
Cumplido el plazo de 60 días fijado por la Justicia tras la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, 736 trabajadoras y trabajadores quedaron formalmente desvinculados de la firma y sólo 178 quedarán vinculados al proceso y a las pocas tareas operativas que quedan en pie, en algunas de las plantas.
En paralelo, sigue adelante la licitación de plantas y marcas de la empresa láctea, pese a que acreedores impulsan una medida judicial para frenar la operación.
Según detalló El Periódico de San Francisco, la distribución del personal que seguirá prestando funciones contempla 101 trabajadores en las plantas de Sunchales y 19 en Gálvez, en la provincia de Santa Fe; y en Córdoba, 12 en Devoto, 10 en Balnearia y seis tanto en La Carlota como en San Guillermo. Otros empleados, en tanto, quedan asignados a diferentes áreas operativas.
Los trabajadores desvinculados ya habrían comenzado a recibir las notificaciones correspondientes a las indemnizaciones previstas en el proceso de quiebra.
Paralelamente, la liquidación de los activos de SanCor contempla la venta de seis plantas industriales, marcas y otros bienes de la cooperativa, con una valuación cercana a los 55 millones de dólares. Sin embargo, distintas fuentes coinciden en que esa cifra se encuentra muy por debajo del pasivo estimado de la empresa, que rondaría los 185 millones de dólares.
En ese marco, apunta el citado medio que un grupo de acreedores nucleados en el denominado Frente Unificado por la Defensa de SanCor presentó una medida cautelar con el objetivo de suspender el proceso de licitación y remate de los activos de la firma.
El espacio, integrado por estudios jurídicos que representan a trabajadores, exempleados y productores, solicitó una prohibición de innovar para detener la venta de las plantas industriales y de la marca comercial.
Aluden que la operación proyectada por la Justicia no alcanzaría a cubrir la deuda total de la cooperativa. Entre las alternativas propuestas figura la posibilidad de transformar parte de las acreencias en acciones, con el objetivo de evitar una pérdida mayor para los acreedores.
Al mismo tiempo, también trascendieron otras presentaciones judiciales vinculadas al expediente, entre ellas una denuncia elevada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en la que se cuestionan decisiones adoptadas durante la administración del proceso de quiebra.
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