Redacción La Nueva Mañana
Una multitudinaria manifestación, desarrollada este miércoles por la mañana, en el marco del paro federal de la discapacidad, acercó al Ministerio de Salud de la Nación un petitorio para visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector.
Destacó el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad que el paro tuvo un alto acatamiento a nivel nacional con movilizaciones en Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Rosario, La Pampa, Salta, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja y la provincia de Buenos Aires.
En la Ciudad de Buenos Aires, centenares de personas con discapacidad, organizaciones, instituciones prestadoras, profesionales, familiares y legisladores nacionales se movilizaron sobre la avenida 9 de Julio.
En ese marco se expuso la situación crítica que enfrentan los prestadores, marcada por un importante atraso en los pagos del Programa Incluir Salud —destinado a personas con pensiones no contributivas—, con deudas correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2025, y enero de 2026. "Si bien las autoridades se comprometieron a saldar esta deuda, los tiempos de pago continúan siendo excesivamente lentos, dificultando el cumplimiento de obligaciones básicas como salarios, servicios y proveedores", afirman desde el Foro.
Asimismo, se señaló que el retraso en los pagos y la falta de actualización de aranceles han generado un fuerte deterioro en todo el sistema, afectando a prestadores, trabajadores y personas con discapacidad. Actualmente, los aranceles presentan un atraso cercano al 40%, lo que implica que los valores vigentes no cubren los costos reales de las prestaciones.
Frente al Ministerio de Salud, el sector exigió la actualización inmediata de los aranceles en un 40%, la garantía de un esquema de pago mensual regular y también se denunció la persistencia de graves deficiencias en la entrega de medicamentos y pañales a beneficiarios de Incluir Salud, una problemática que se ha profundizado en los últimos meses y que aún no ha recibido respuestas concretas por parte de las autoridades.
Por otra parte, durante la jornada se manifestó el rechazo al nuevo proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional al Congreso, que propone modificaciones en las normativas vinculadas a las personas con discapacidad. Desde el Foro se cuestionó especialmente la afirmación de que el otorgamiento de pensiones habría sido fraudulento, señalando la ausencia de pruebas que sustenten dicha acusación.
En este sentido, se remarcó que el acceso a pensiones por parte de personas con discapacidad en situación de pobreza responde a una realidad estructural del país, caracterizada por altos niveles de pobreza sostenidos durante más de dos décadas, con impacto directo en la salud, el desarrollo y el acceso a derechos básicos.
Asimismo, se expresó preocupación por las medidas incluidas en el proyecto, entre ellas la posible exclusión de personas en situación de pobreza del acceso a pensiones; la incompatibilidad entre pensión y empleo formal; la eliminación del arancel único, lo que podría afectar la equidad en el acceso a las prestaciones; y el riesgo de desarticulación del sistema único de prestaciones básicas, vigente desde hace casi 30 años.
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