Redacción La Nueva Mañana
En una evidente respuesta al sector de la discapacidad, que demanda la aplicación plena de la ley de emergencia, que fue aprobada y ratificada por el Congreso en 2025, el gobierno de Javier Milei envió al Senado un proyecto de ley "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", que condiciona el acceso a las pensiones, desregula los aranceles profesionales y le quita responsabilidad al Estado Nacional.
Oficialmente, plantean que la iniciativa busca corregir distorsiones estructurales, derivadas de la Ley 27.793 y establecer un régimen permanente con mayores controles y criterios unificados.
"Esta iniciativa, que modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema", expresó el Foro Permanente de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad.
En rigor, la propuesta del oficialismo retrocede décadas de avances en conquistas de derechos con su pretensión de eliminar las pensiones por discapacidad, para concentrarlas en un mismo concepto como pensiones por invalidez laboral. De esta manera, sólo se considera la pensión para aquellas personas que tienen imposibilidad de trabajar o atraviesan condiciones de vulnerabilidad económica verificables.
En cuanto al nomenclador actual, que fija el monto de los aranceles de los profesionales que trabajan en el sector de la discapacidad, el Gobierno pretende que esto quede librado a lo que determinen financiadores y prestadores mediante acuerdos no regulados.
También pretende el Gobierno quitarle responsabilidades al Estado Nacional y cedérselas a las provincias.
La Cámara de Prestadores de Discapacidad (Capredis) alerta que con la eliminación del nomenclador único, el Gobierno abre el juego para que cada obra social y prepaga defina valores y acuerdos de forma privada; generando más desigualdad en el acceso; y condicionando los valores a acuerdos, regiones y capacidad financiera.
Asimismo, plantean que al volver al esquema de pensiones por invalidez se cambia el enfoque actual, pasando de uno de derechos a una lógica restrictiva, con más barreras para acceder y riesgo de exclusión del sistema.
Fuente: NA
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