Redacción La Nueva Mañana
Este miércoles al mediodía, en la Plaza San Martín personas con discapacidad y sus familias, prestadores y representantes de instituciones concentraron en el marco del paro nacional del sector para exigirle al Gobierno Nacional la plena aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad, la actualización de los aranceles y el pago de los montos adeudados.
Jubiladas y jubilados que cada miércoles se movilizan en demanda de haberes dignos acompañaron la convocatoria del sector de la discapacidad.
El micrófono abierto dispuesto en el acto le permitió a la comunidad expresar diversas situaciones de vulnerabilidad que atraviesan las familias y reclamos puntuales y precisos.
"Estamos hablando del fascismo de Milei contra todo nosotros, pero no se va a escapar. Milei no vas a escapar. Acá estamos", dijo una de las personas autoconvocadas.
"Según el censo oficial, hay acá en Córdoba alrededor de 400.000 personas en situación de Discapacidad. Si somos tantos, ¿por qué nuestros derechos son pisoteados los 365 días del año?", indicaron desde la convocatoria.
"Podemos quedarnos sin centros de día. Basta Milei, terminala con el ajuste contra los discapacitados. Es una vergüenza y por eso tenemos que levantarnos", dijo otro de los participantes.
En un breve comunicado previo, la Federación Converger, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), la Mesa de Trabajo de Discapacidad y Derechos Humanos y la Cámara de Prestadores en Discapacidad (Capredis) plantearon que "a pesar de las promesas y mentiras", el Gobierno sigue sin abonar ningún arancel de Incluir Salud desde diciembre y que los aranceles continúan un 40% por debajo de lo que dicta la ley de Emergencia.
Además, cuestionaron fuertemente que en este marco el Gobierno Nacional impulsa una ley que criminaliza a las personas con discapacidad y las organizaciones, en referencia al proyecto denominado provocadoramente "Contra el fraude de pensiones por invalidez" que Javier Milei envió al Congreso, con la firma del jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones.
Capredis advierte que nuevamente el Gobierno ataca al sector de la discapacidad, tratando de "fraude" los derechos adquiridos por el sector.
"Cuando se modifica el sistema de discapacidad, no se tocan números: se impacta directamente en la vida de miles de personas. Este proyecto no amplía derechos. Los condiciona, los fragmenta y los vuelve inciertos. Menos regulación. Más desigualdad. Más barreras", sintetiza el análisis de Capredis, que subraya que "la discapacidad no puede depender del presupuesto, ni del lugar donde vivís, ni de acuerdos entre partes".
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