Redacción La Nueva Mañana
Este 12 de marzo se cumple un año de la manifestación de jubilados en la que el fotorreportero Pablo Grillo fue agredido con un cartucho de gas lacrimógeno que le disparó el gendarme Héctor Guerrero e impactó en su cabeza, generándole un daño grave del que todavía se está recuperando.
El ataque se produjo en el marco de la aplicación del "protocolo antipiquete", bajo las órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación que en ese momento conducía Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.
El gendarme Guerrero, que fue identificado a partir de un comprometido trabajo del Mapa de la Policía, con registros de diversos medios y fotógrafos y camarógrafos que cubrían el reclamo; está procesado y próximo a ser llevado a juicio oral.
Sin embargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) subraya que "no es el único responsable" y demanda que se investigue la cadena de mando que posibilitó el disparo de Guerrero.
A tal fin, menciona a Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, jefes del grupo SEI de Gendarmería, como responsables de controlar al personal a su cargo. Según revela el CELS, "estaban al lado de Guerrero cuando disparó de forma prohibida" y no le llamaron la atención, sino que avalaron su comportamiento.
"El disparo que le fracturó el cráneo a Pablo fue el cuarto. Tuvieron tiempo de frenarlo", subraya el CELS e incluso expone una fotografía en la que señala que Reyes le indicó a Guerrero que dispare en dirección a quienes se estaban manifestando.
El CELS también menciona como responsable del ataque a Pablo Grillo al comisario inspector de la Policía Federal Gerardo Perillo Scampini, que tenía el rol de fiscalizar el operativo y "se acercó a la zona, dio órdenes, habló con personal de Gendarmería y se comunicó por radio, antes, durante y después de los disparos prohibidos de Guerrero".
A continuación, alude el organismo como parte de la cadena de mando también al jefe del Destacamento Móvil 6, Néstor López, y el jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, Gonzalo Goulart, quienes habrían sido señalados por gendarmes como quienes daban las órdenes y "no frenaron el accionar delictivo de Guerrero".
El CELS también nombra en esta línea de responsabilidades al comandante general Claudio Brilloni, director nacional de Gendarmería, que habría sido convocado cuando Pablo Grillo estaba en el piso. "Con su llegada, la represión recrudeció. Guerrero volvió a disparar de forma prohibida dos veces más", revela el CELS.
Y al comandante mayor Adrián Barresi, que produjo la investigación interna en Gendarmería y, según el CELS, "tomó declaración sólo a personal de la fuerza" y concluyó que Guerrero no debía ser sancionado porque no había hecho nada malo, atribuyéndole la culpa de la agresión al mismo fotorreportero.
Dentro de la cadena de mando reconstruida por el CELS se menciona además al asesor jurídico José Carlos Lodolo y el comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, quienes habrían convalidado la versión oficial y cerrado el expediente en un mes. "Junto a Barresi, construyeron un relato corporativo para garantizar la impunidad", denuncia el CELS.
Finalmente, la línea de responsabilidad alcanza a Patricia Bullrich. "Hizo de la represión a la protesta una política de Estado" e "insiste en respaldar a Guerrero aunque cuatro jueces federales coincidieron en procesarlo", concluye el CELS.
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